L D (EFE) Botín y Amusátegui prestaron declaración como imputados a petición de la fiscalía de la Audiencia Nacional y después de que el abogado Francisco Franco Otegui presentara una querella en su contra en la que les acusa de delito societario o de estafa por el abono de esa "astronómica cantidad" sin informar a los accionistas. Fuentes jurídicas que estuvieron presentes en ambas declaraciones señalaron que ambos explicaron que la cuantía que debía cobrar Amusátegui al dejar el banco se pactó el 15 de enero de 1999, cuando se aprobó la fusión, y correspondía a los servicios prestados desde 1985 en el BCH.
En concreto, Botín citó, como ejemplo de los beneficios que Amusátegui había aportado a la entidad, la operación de compra de acciones de Airtel, que produjo al grupo unas plusvalías de más de 4.800 millones de euros. Con estas afirmaciones, desmintió que el pago a Amusátegui fuera una compensación pactada en agosto de 2001 para acabar con la lucha de poder que había entre ambos, según la querella presentada contra ellos. Por este motivo, no era obligatorio hacerlo constar en los pactos de fusión. Según fuentes jurídicas, en el contrato en el que se estableció el pago de los 43,75 millones de euros -aportado por el SCH a la causa-, se fija que Amusátegui recibirá, además, una pensión de jubilación de 5,106 millones de euros anuales y el 70 por ciento del sueldo de un consejero de su nivel, entre otros beneficios.
Botín y Amusátegui destacaron que sólo se pactaron condiciones de jubilación para Amusátegui, ya que era él quien debía dejar la entidad después de tres años de copresidencia, mientras que Botín permanecería en el cargo. Ambos coincidieron también en reconocer que en el momento de la fusión se pactaron condiciones especiales de jubilación para todos los consejeros procedentes del BCH, aunque hicieron hincapié en que tampoco era un beneficio de la fusión, sino un pago por su trabajo realizado en esa entidad en los años anteriores.
Los que fueran copresidentes del SCH contestaron durante algo más de una hora cada uno a las preguntas de la juez, del fiscal y de sus defensas, pero se negaron a responder al letrado del querellante.
En concreto, Botín citó, como ejemplo de los beneficios que Amusátegui había aportado a la entidad, la operación de compra de acciones de Airtel, que produjo al grupo unas plusvalías de más de 4.800 millones de euros. Con estas afirmaciones, desmintió que el pago a Amusátegui fuera una compensación pactada en agosto de 2001 para acabar con la lucha de poder que había entre ambos, según la querella presentada contra ellos. Por este motivo, no era obligatorio hacerlo constar en los pactos de fusión. Según fuentes jurídicas, en el contrato en el que se estableció el pago de los 43,75 millones de euros -aportado por el SCH a la causa-, se fija que Amusátegui recibirá, además, una pensión de jubilación de 5,106 millones de euros anuales y el 70 por ciento del sueldo de un consejero de su nivel, entre otros beneficios.
Botín y Amusátegui destacaron que sólo se pactaron condiciones de jubilación para Amusátegui, ya que era él quien debía dejar la entidad después de tres años de copresidencia, mientras que Botín permanecería en el cargo. Ambos coincidieron también en reconocer que en el momento de la fusión se pactaron condiciones especiales de jubilación para todos los consejeros procedentes del BCH, aunque hicieron hincapié en que tampoco era un beneficio de la fusión, sino un pago por su trabajo realizado en esa entidad en los años anteriores.
Los que fueran copresidentes del SCH contestaron durante algo más de una hora cada uno a las preguntas de la juez, del fiscal y de sus defensas, pero se negaron a responder al letrado del querellante.