La mejor forma de ayudar a los países en vías de desarrollo es ofrecerles condiciones favorables para su comercio. En sus 31 años de existencia, el Plan Comunitario de Preferencias Generalizadas ha sido el sello europeo en la ayuda externa: concede a los países en vías de desarrollo un arancel aduanero preferencial, facilitando el acceso de sus exportaciones al mercado comunitario. Desde inicios de los noventa, la Unión Europea otorga, en el marco del SGP, el régimen droga para los países de la Comunidad Andina. Se ofrece así a dichos países la oportunidad de diversificar sus exportaciones propiciando la sustitución de cultivos ilícitos. Costa Rica accedió a este régimen desde 1992, siendo este régimen crucial en la diversificación exitosa de sus exportaciones no tradicionales. Hoy varios de estos países están a punto de perder ese beneficio. La Comisión Europea tiene intención de presentar una moción para imponer aranceles de hasta un 20% al ingreso a ese mercado de productos de Costa Rica y Colombia.
El razonamiento de la Comisión Europea se basa casi estrictamente en el volumen de exportaciones. Sin embargo, en el caso de Centro América la Unión Europea tendrá que ponderar la validez de criterios meramente comerciales con la coherencia de su política general hacia la región.
En efecto, esta medida amenaza con desencadenar graves consecuencias sociológicas y políticas en América Central y en Colombia. Hasta hace pocos años esta era una de las regiones de mayor inestabilidad del mundo. Costa Rica fue entonces y es ahora factor decisivo de estabilización. Su economía ha tenido que acoger a más de medio millón de refugiados y emigrantes nicaragüenses. Ha podido hacer frente a tal crecimiento en la demanda de empleo, salud, educación y vivienda en parte porque la inclusión de Costa Rica en la SGP-Droga permitió emplear en el cultivo de productos nuevos a un enorme porcentaje de la mano de obra inmigrante. Nicaragua, cuya recurrente debilidad económica se encuentra bajo una nueva crisis, perderá con esta medida el amortiguamiento social que le ofrece la emigración a Costa Rica, con las remesas familiares que muchas familias envían a Nicaragua.
Desconocer esta situación sería contradictorio con el creciente protagonismo europeo en Centro América, a cuya estabilidad contribuye generosamente. Es importante que la Unión Europea no se sustraiga de valorar los graves efectos socioeconómicos y políticos que acarreará el impacto de esta medida para la región centroamericana. España ha entendido perfectamente el problema y apoya a la región.
José Joaquín Chaverri, diplomático, es costarricense.
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