Siempre se ha dicho que el liberalismo clásico –a diferencia tal vez del neoliberalismo– tiene altos componentes de "sentido común", si lo definimos como aquello que se adapta bien a la condición humana. Tan es así que ese sentido común liberal surge inesperadamente por aquí y por allá, a veces por razones equivocadas. Ese parece ser el caso de dos medidas anunciadas por el recién inaugurado gobierno de Néstor Kirchner, pese a su retórica progresista de izquierda.
La primera de ellas, y la más importante, es el anuncio de desregulación de la actividad sindical. Luego de un par de reuniones con los dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, que agrupa a dirigentes sindicales de izquierda, la capital fue empapelada de afiches de esa agrupación reclamando la "libertad sindical", debido a que la legislación implantada por Perón en la década de los años 40, de clara inspiración "fascista", otorgó a los sindicatos el monopolio de la representación de los trabajadores. No es que no pueda haber otros sindicatos, pero solamente el que registra la mayor cantidad de afiliados recibe el poder de negociar contractos colectivos que se aplican a la totalidad de los trabajadores de la actividad y logra que la cuota sindical se deduzca directamente del salario.
Ese monopolio sindical otorga ventajas en la administración de su obra social, la verdadera caja de los sindicatos. Estos privilegios han sido defendidos con mucha fuerza por los líderes sindicales, quienes constituyen el grupo de cabildeo más exitoso en la Argentina, permitiéndoles alcanzar niveles de vida superiores al de muchos empresarios y, desde luego, a los de los trabajadores que representan. Pero estos mismos dirigentes sindicales reciben en las encuestas de opinión pública niveles de aprobación aún más bajos que los políticos, lo cual es ya mucho decir. Ahora, parece que el presidente Kirchner está dispuesto a avanzar hacia la libertad sindical. Tal vez trata de generar apoyo de la opinión pública o tal vez quiere favorecer a los sindicatos de izquierda. Lo cierto es que, por una u otra cosa, la Argentina podría lograr una de las libertades más reclamadas, la de terminar con afiliaciones sindicales compulsivas, representaciones monopólicas y privilegios.
La segunda medida se relaciona con las concesiones de rutas nacionales bajo el sistema de peaje. Se anunció que vencen en pocos meses, que no se renovarán automáticamente y se harán nuevas licitaciones. ¿Es la intención favorecer a ciertos grupos cercanos al nuevo gobierno en desmedro de otros? Puede ser, pero lo cierto es que nada hay más sano que una buena competencia y hasta ahora quienes clamaban más a favor de la competencia y el mercado siempre terminaban dando concesiones a cambio de supuestas inversiones o a cambio de saldar deudas que el mismo estado tenía con esas empresas. En el caso de las rutas, mientras más larga es la concesión mayores inversiones puede recuperar el concesionario; pero también cuanto más larga la concesión menor es la competencia. Una cosa va en contra de la otra, pero al competir todos al inicio se logra una perspectiva de las inversiones que podrán hacer y del tiempo en que volverán a competir. Si esto cambia a mitad de camino, no tenemos ni una cosa ni la otra porque la incertidumbre espanta al inversor.
A final de cuentas, en ambos casos no importan mucho las intenciones del gobierno si el resultado final es mayor libertad, competencia y transparencia. Aunque puede suceder que luego se "negocie" y terminemos reemplazando a los privilegiados de ayer, amigos de Menem, por nuevos privilegiados de hoy, amigos de Kirchner.
Martín Krause es corresponsal en Buenos Aires de la agencia © AIPE.
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