Las leves condenas a los capitostes de Elf y a otros figurantes en el escándalo no deberían servir para que quienes en España y otros países –Alemania entre ellos– se lucraron, se largaran de rositas.
Un empresario y economista español, Daniel de Busturia, ha sido condenado en este macrojuicio a nueve meses de cárcel. No los cumplirá como tampoco probablemente irán a la cárcel los cuatro principales directivos de Elf condenados a cinco años. Busturia, dice la sentencia, cobró una sustanciosa comisión por “facilitar” la compra de la compañía española CEPSA por Elf. Y para ello repartió dinero, compró voluntades, redujo reticencias. La pregunta que ahora deberían hacerse tanto los jueces y fiscales españoles –no sólo los franceses– es si esta operación típica de “conseguidor” no tiene también características penales susceptibles de ser investigadas.
Se trata de saber a quién, cómo y cuanto dinero se repartió entre directivos de CEPSA, políticos, funcionarios y demás fauna colindante que obviamente colaboraron con Busturia en la operación. Cuando se le preguntó al presidente de Elf sobre este particular, éste respondió que la cuestión debería ser trasladada al empresario español encargado del reparto. “Busturia sabe a quién entregó el dinero, qué cantidades y en qué fechas. Nosotros nos limitamos a proporcionárselo” dijo Löic Le Floch Pringent. Y no hubo quien le sacara más.
Aunque seguramente para algunos se trata de un asunto viejo, sería escandaloso que la venta fraudulenta de CEPSA –es el tribunal francés quien lo asegura– se olvidara como se han olvidado otros escándalos de la democracia española. Conviene no olvidar que el empresario condenado fue un alto funcionario en la etapa de Leopoldo Calvo Sotelo y que a partir de entonces se convirtió en un conseguidor acreditado.
Hay, por supuesto, bastantes beneficiados a quienes les gustaría extender un tupido velo sobre las golferías cometidas en esta venta aceitada con generosas coimas. El gobierno, la judicatura y la opinión pública española no deberían mirar hacia otro lado. Pero, sobre todo, el Fiscal del Estado debería actuar e investigar: cuanto antes, mejor.