La razón que daba hasta este lunes el nuevo alcalde de Madrid para no incluir en sus Presupuestos de 2004 el recargo fiscal del IBI a las “casas vacías” era que no podía hacerlo hasta que el Gobierno no aprobara una asignatura que tiene pendiente como es el desarrollo del reglamento de Ley de Haciendas Locales, donde se tiene que definir la vivienda no ocupada susceptible de penalización fiscal.
La cuestión que ahora se nos plantea es si el Gobierno del PP —bien en esta legislatura o, si gana, en la próxima— va a desarrollar ese reglamento que ofrecerá a los ayuntamientos la posibilidad de aplicar o no esos recargos a los que Gallardón dice ahora haber renunciado, no ya para el año que viene, sino definitivamente.
Nos parecería ciertamente incomprensible que un Gobierno del PP se liara ahora —o más adelante— en la ardua y, probablemente, inconstitucional tarea de definir jurídicamente qué es una “casa vacía” susceptible de penalización fiscal; todo, para tratar de legalizar una fuente de financiación de la que ahora sólo quieren beber los ayuntamientos socialistas.
Si, por el contrario, debemos dar por sobreentendido que el Gobierno erradicará de la Ley de Haciendas Locales la posibilidad de que las “casas vacías” sean penalizadas fiscalmente, lo de Gallardón, más que una “rectificación”, sería una constatación de la imposibilidad legal de llevar a cabo esos recargos en el resto de su legislatura; una constatación a la que también se tendrán que plegar los alcaldes socialistas que deberán también acatar el reglamento de la Ley de Haciendas Locales.
¿Qué valor, en este caso, habría que dar a la “rectificación” de Gallardón por no aplicar unos recargos por el mismo impedimento legal por el que tampoco podrán aplicarlos los alcaldes socialistas partidarios de hacerlo? ¿Y qué valor a la “autoridad” de Rajoy, salvo la de darle el soplo a Gallardón de que ese recargo no contará finalmente con amparo legal?
Lo cierto, sin embargo, es que se nos ha vendido la idea de la “rectificación” o el “sacrificio” de Gallardón, a pesar de que el incremento de los impuestos y de la deuda pública que sí contemplan sus presupuestos —y que eran en realidad los que constituían una disonancia con el discurso del PP— siguen allí intactos para lamento de los bolsillos, presentes y futuros, de los madrileños.
Por favor, que alguien me lo explique, pero advierto que me queda poco pelo.