La marcha o el anuncio de traslado de varias multinacionales asentadas en Barcelona a nuevos destinos, en Eslovaquia o China, ha causado en Cataluña el pavor a la desertificación industrial. Aparte de las quejas y soflamas en que han prorrumpido los actuales dirigentes de la Generalidad catalana, con el inefable Josep Lluis Carod-Rovira y el consejero de Economía al frente, más los sindicatos, no se ha hecho ningún análisis de las causas y los remedios. Desde el 1 de enero, Eslovaquia tiene un tipo único del Impuesto de Sociedades y del de la Renta del 19% y, además, ofrece personal cualificado y cercanía a los mercados europeos. Junto a una legislación favorable a los inversores, China dispone de dos atributos que, lamentablemente, agradan a multitud de directivos del mundo libre: trabajadores esclavos y policías comunistas.
Lo innegable es que una política industrial en cualquier territorio de la Unión Europea basada en el precio de la mano de obra y en actividades de ensamblaje fracasará. Las empresas, bien multinacionales, bien locales, irán siempre en busca de los lugares en que sea menor el coste laboral. Eso ya lo hacen muchas compañías del sector textil catalán, que confeccionan sus ropas y tejidos en Marruecos, país nada democrático, pero cuyos trabajadores cobran hasta la décima parte que un español.
Aunque no solemos aprender de lo que les ocurre a otros, en Portugal están sufriendo ahora las consecuencias de limitar la captación de inversiones con el precio. Desde 2001, Portugal vive una recesión. Su oferta para las empresas extranjeras consistía en mano de obra y suelo baratos. Ahora, las empresas que miran sólo el precio se asientan en los países de la Europa del Este, mientras que las empresas que buscan personal más cualificado, como las farmacéuticas y automovilísticas, eligen España. Los círculos políticos y financieros lusos hablan de “cerco español”. Entre enero y octubre pasado, la inversión extranjera en Portugal descendió casi un tercio respecto a la registrada en el mismo periodo de 2002. Y las previsiones son peores, ya que el Estado carece de fondos. La única novedad ha sido el reciente compromiso para constituir el Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica, forzado por las circunstancias.
El cinturón industrial de Vigo ha atraído, en los últimos tres años, 253 millones de euros en inversiones extranjeras. Si entre 1990 y 2000 docenas de empresas gallegas cruzaron el Miño en busca de trabajadores baratos y subvenciones, ahora llegan a Galicia otras interesadas en sectores más tecnificados. El director general de la automovilística alemana Benteler, Francisco Anguera, explicó que su empresa prefirió gastarse 50 millones de euros en Galicia en vez de en Eslovaquia o Portugal “porque Galicia ya tiene el personal cualificado, un clúster bien organizado y un centro de investigación; hemos entendido que obtendremos aquí mayor beneficio a medio plazo”.
El presidente de la república portuguesa, Jorge Sampaio, pidió en Madrid en noviembre que España prestase más atención a su país y que enviase más turistas y más empresarios. A la vez, los sectores nacionalistas gritan: “¡Portugal no está en venta!”. La misma contradicción atenaza a Cataluña: los recursos financieros y administrativos se dedican a la imposición lingüística. Como explicó el abogado Emilio Cuatrecasas (La Vanguardia, 2-5-2002), “¿cuántas empresa dejan de afincarse en Cataluña por el temor de sus directivos a padecer en la educación de sus hijos los efectos de una política lingüística demasiado severa? No seamos ciegos ni incautos. Este fenómeno existe y produce grandes pérdidas de talento y de inversión”. Si sólo se compite con ensambladores y, encima, se exige etiquetado en catalán de malos modos, se está echando a los empresarios.