El ministro de Trabajo y Asuntos Políticos, perdón, Sociales, Jesús Caldera, anunció que el Gobierno volverá a subir el Salario Mínimo Interprofesional “bastante por encima del objetivo de la inflación para 2005 con el fin de hacer justicia social”. Otra vez, social es político, y la justicia llamada social es la interferencia de los políticos en la creencia de que basta una decisión de la autoridad para expandir la justicia y amparar, como pretende el SMI, a los trabajadores de menor cualificación para que no sean explotados por los capitalistas vesánicos. Pues bien, veamos.
Tres cosas pueden suceder con el salario mínimo fijado por ley: que sea igual, menor o mayor que el salario que en cada caso cobraría el trabajador en condiciones de competencia y en función de su productividad. Si es igual o menor, el SMI resulta perfectamente inútil, y por tanto no tiene sentido denominarlo “justo”. Supongo que hasta aquí los antiliberales coincidirán. El asunto, en consecuencia, gira en torno a la posibilidad que el SMI sea mayor que el salario que se negociaría en el mercado. Aquí tendríamos que el Gobierno, por un acto de pura voluntad política, habría logrado mejorar el bienestar de los trabajadores menos cualificados, forzando a los empresarios a pagarles un salario mayor al que les pagarían en condiciones de competencia. ¿Habrá que dar vivas a la justicia social?
No, porque, como señaló un gran economista que era a la vez socialista e inteligente, John Stuart Mill, “somos dueños de nuestros actos, pero no de sus consecuencias”.
Un SMI por encima del salario de mercado hace que los empresarios, que serán explotadores pero no son idiotas, obligados a pagar más, opten por contratar a ese nivel de SMI especialmente a trabajadores más productivos, con lo que aumenta el desempleo precisamente en aquellos grupos más débiles que el SMI aspira a proteger. Podemos llamar a esto “social” o solidario o progresista o lo que usted quiera. Pero lo que no parece, desde luego, es justo.