Siendo yo un inmigrante en Estados Unidos, no puedo pretender imparcialidad en el tema. Y siempre agradeceré la mano que me extendieron personas y fundaciones de este país, lo cual me permitió obtener un visado de trabajo, cuando la más probable alternativa para mí en 1987 era ir a la cárcel porque al presidente Jaime Lusinchi le disgustaba mi actuación como director general de El Diario de Caracas.
Por otra parte, siempre he defendido la libre inmigración, pensando que la situación era mucho mejor antes de la Primera Guerra Mundial, cuando no había pasaportes, visados ni burócratas internacionales diciéndonos lo que podemos o no hacer. Los compatriotas de mi generación son testigos del inmenso aporte que hicieron los cientos de miles de inmigrantes que llegaron a Venezuela después de terminar la Segunda Guerra. En parte por su trabajo y dedicación, a finales de la década de los años 50, Venezuela ocupaba el séptimo lugar entre los países con el mayor ingreso per cápita del mundo. ¡Qué tiempos aquellos!
Recientemente se repitió una vez más la triste experiencia de los nombramientos de Zoe Baird en 1993 para dirigir el Departamento de Justicia y de Linda Chávez en 2001 para el Departamento de Trabajo. Esta vez le tocó a Bernard Kerik, ex comisionado de la policía de Nueva York, a quien el presidente Bush le había ofrecido el ministerio de Seguridad Interna, que por cierto ahora incluye al servicio de inmigración.
Los tres incumplieron la prohibición vigente desde 1986 de contratar y pagar por los servicios de inmigrantes ilegales –niñeras en sus casos– y por eso tuvieron que retirar su postulado.
¿Qué debemos deducir del impactante hecho que el funcionario seleccionado por el presidente Bush para ocupar la posición más delicada y compleja de su gabinete incumpla las leyes de inmigración? Yo contestaría diciendo que las leyes de inmigración son malas y están pésimamente mal redactadas. Y la razón no es solamente que miles de los más connotados ciudadanos emplean a indocumentados, sino que la prohibición no ha logrado reducir el ingreso de inmigrantes ilegales, quienes obviamente llenan un vacío.
Otro aspecto negativo de las malas leyes es que no se hacen cumplir de manera uniforme en todos los casos. Varios ejecutivos de Tyson Food, la empresa vendedora de pollos más grande del mundo, fueron enjuiciados el año pasado por dar trabajo a indocumentados. Este año sucedió algo similar a gerentes de Wal-Mart, cadena que había subcontratado las labores de limpieza y esas otras empresas empleaban a indocumentados. Escogieron a Tyson y Wal-Mart para hacer bastante ruido, pero no espere ver al Sr. Kerik en un tribunal. Es decir, las leyes de inmigración están tan mal concebidas que no se aplican a todos por igual, lo cual es una verdadera vergüenza nacional.
Parte del problema es que los políticos han logrado imponernos que todo lo que ellos legislan es ley, cuando nomos para los griegos de la antigüedad y jus para los romanos eran las reglas universales de la conducta humana, evitando así la inflación en las leyes que conduce irremediablemente a su irrespeto.
Los funcionarios de inmigración han fracasado en evitar el ingreso de ilegales y por eso los políticos han decidido que ese trabajo sucio lo debe hacer la gente, negándoles a los más débiles en nuestra comunidad el derecho a ganarse la vida honestamente con su trabajo.
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Carlos Ball es director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute.