Qué equivocado estaba Laureano López Rodó –para los jóvenes que no han leído historia, o no la recuerdan, cabeza de los tecnócratas del Opus Dei en los años sesenta y ministro de Franco durante mucho tiempo- cuando proponía hablar de política sólo una vez traspasado el umbral de los 1.000 dólares de renta per cápita. Pensaba él, como hoy los dirigentes chinos, que la prosperidad hace más razonables a las personas. Los economistas tecnócratas que constituyen, creo, la inmensa mayoría de la profesión, piensan que los problemas políticos son un simple reflejo de la situación económica. En esto son marxistas, -sin saberlo- y suscriben que las fuerzas económicas determinan la creación de superestructuras políticas reflejo, a su vez, de la lucha de clases.
Nunca España ha tenido tanta riqueza acumulada como ahora, tanto conocimiento, tantas personas preparadas, tanto capital en definitiva. Y, sin embargo, nos enfrentamos a la posibilidad de una confrontación civil que puede ser violenta, como acaba de decir -¿amenazar?- Ibarreche. No es una situación excepcional. La política no depende de la economía, por más que se encuentre condicionada, interrelacionada y sea imposible distinguir claramente los límites de una y otra. Es más, es posible que la prosperidad haya contribuido a cegar a los políticos nacionalistas y a los socialistas de Rodríguez Zapatero, que creen que quebrantar las leyes no tiene consecuencias. Y es posible que no las tenga judicialmente, -como el fiscal general del estado acaba de demostrar, al negarse a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó a Batasuna y a enjuiciar a Atucha-, pero sí las tiene económicas. Es más frecuente en la historia el caso de decisiones políticas que tiene repercusiones económicas que el contrario. Con otra característica, el deterioro económico que puede provocar una política de falta de respeto a las leyes y de desprecio a la independencia del poder judicial puede tener, simultáneamente, repercusiones a corto plazo, que afectan al consumo y la inversión y a largo plazo, porque se deteriora la confianza, el principal motor del crecimiento.
Hasta hora, los españoles han contemplado con lejanía los planteamientos políticos inconstitucionales de los nacionalistas, el PSOE e IU. Es muy probable, incluso, que esos políticos tengan detrás a la mayoría de la población, que confía en que sus políticos preferidos hayan medido bien sus pasos y que creen que sean cuales fueran los comportamientos y los cambios políticos propuestos, legales e ilegales, si no se atacan, directamente, los fundamentos del crecimiento económico, su vida podrá seguir transcurriendo con tranquilidad. Un terrible error que parte de creer que políticos como Rodríguez Zapatero, Llamazares, Carod e Ibarreche saben lo que están haciendo, u otro aún más grave, de creer que les importan –si las supieran- las consecuencias. Olvidando que cuando las pasiones dominan a las personas se cometen atrocidades. Y de Rodríguez Zapatero vamos conociendo la importancia de sus pasiones y sus rencores: rencor a la religión y la Iglesia católica, rencor a España, como nación y como unión política y rencor a la mitad de los españoles que no piensan como él.