Cuando aún dura el doloroso recuerdo de la llamada reforma fiscal del Gobierno, no está demás recordar el ejemplo de Irlanda. Cuando entró en el Mercado Común Europeo, en 1973, lo hizo como su miembro más pobre. Hoy es la economía europea con mayor renta per cápita, sólo detrás de Luxemburgo. La sangría emigrante, que dejó los más de ocho millones de irlandeses que vivían en su tierra en el XIX a solo tres, se ha detenido e incluso ha cambiado de signo, y el crecimiento económico desde 1996 ha rondado el 9 por ciento. En 2004 se le consideró el país con mayor calidad de vida del mundo. Y todo gracias principalmente a una reforma fiscal que nada tiene que ver con la del Gobierno socialista.
En Irlanda, el mejor consejero resultó ser el desastre. La deuda superaba con creces lo que producía el país, la tasa de desempleo llegó al 17 por ciento y el crecimiento apenas se notaba. Cuando la economía alcanzó una situación desesperada, cuando el Gobierno era consciente que se había probado casi todo y todo había fallado, se optó por hacer caso, por una vez, a los mejores consejos económicos. Redujeron de forma significativa el gasto público (en más de un 20 por ciento), y comenzaron a rebajar los impuestos y los aranceles. El tipo del Impuesto de Sociedades se rebajó del 40 por ciento en 1996 al 24 por ciento en 2000, y se ha seguido rebajando hasta el 12,5 actual. Estas condiciones han sido una llamada a la inversión extranjera, que ha acudido decidida.
La transformación que ha experimentado la economía irlandesa ha ido forzando a los responsables a tomar otras medidas, como la desregulación del mercado de telecomunicaciones y otros sectores, que han contribuido también a hacer del país un lugar muy adecuado para la inversión y el trabajo. Irlanda ha ido ganando posiciones en los dos índices de libertad económica, hasta alcanzar la tercera posición en el de la Heritage y el WSJ y el noveno en el de los institutos Fraser y Cato.
