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Carlos Rodríguez Braun

Salud

Una antigua ficción de los antiliberales es creerse éticamente superiores. Por eso las defensas de "lo público" suelen combinar dos mensajes: que lo público está bien, y que la privatización beneficia sólo a unos intereses malvados y egoístas

Don Gregorio Peces-Barba negó que la sanidad en España sea mala: "eso sólo lo dicen los que quieren privatizarla".

Una antigua ficción de los antiliberales es creerse éticamente superiores. Por eso las defensas de "lo público" suelen combinar dos mensajes: que lo público está bien, y que la privatización beneficia sólo a unos intereses malvados y egoístas, que por eso la propician.

Es absurdo defender la sanidad pública alegando que es buena y ha mejorado. Por supuesto que es buena y ha mejorado: en caso contrario la privatización habría ganado tantos adeptos que podría presentarse como una alternativa política poco discutible. La cuestión de "lo público" debe lógicamente pasar por otras dos dimensiones, la instrumental y la doctrinal.

En términos instrumentales, la pregunta es si la redistribución coactiva de la renta para financiar la sanidad pública no es más costosa que lo que sería esa misma redistribución si la sanidad fuera privada. Esta es la dimensión mayoritaria, la única que aceptan discutir los liberales que presentan a la libertad como si fuera un medio, como si fuera una cuestión de eficiencia y coste. El argumento instrumental es convincente, porque parece indudable que la libertad es más eficiente que la burocracia, y que la privatización, suponiendo libre competencia, reduce los costes para los ciudadanos.

La segunda dimensión es la de los principios, que cuestiona no el coste sino el hecho mismo de que el Estado les quite el dinero a los ciudadanos para suministrarles, u ocuparse de que alguien les suministre, servicios de salud.

En ambos casos se puede pedir la privatización sin que valgan las objeciones de Peces, porque la calidad de la sanidad pública no es razón suficiente para que siga siendo pública, y porque puede demostrarse que la privatización beneficia a los usuarios y no sólo a los oferentes privados.

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