"PSOE, cien años de honradez", se podía leer en las calles españolas hace ya tres décadas. "Y ni un minuto más", añadían otros. Cuando llegaron al poder se pusieron a practicar el socialismo, es decir, la cleptocracia, sin dilación. Con hambre atrasada. Con despecho y con soltura. Con la legitimidad de que, como todo "es p’al pueblo" y ellos son sus representantes, nada malo podía haber en ello. Con constancia y con impunidad. "Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo", decía Ulpiniano. Y el socialismo es la constante y perpetua voluntad de quitárselo.
Junto con ostentóreo, el neologismo más genial de la democracia, o lo que sea, es corrupsoe, que se podía leer en cualquier rincón de España. La corrupción es un arte, y bien es sabido que éste no germina en cualquier jardín. Necesita un buen abono, y el de la corrupción es el poder arbitrario. Imponer, prohibir, gravar, condicionar... todo lo que quepa hacer desde el poder sin tener que dar cuenta de por qué se toma una decisión y no la contraria. Como comentó, años ha, un grueso promotor inmobiliario en una comida con funcionarios del ramo, a la que asistí: "Si decides que un terreno mío es urbanizable, me hago de oro; si decides que es para parques y jardines, me arruino". La lógica era implacable.
Arbitrariedad y poder. Un funcionario que decide que lo que puede llegar a valer 100 no permitirá que valga más de 20. Todo por el bien común, el desarrollo sostenible, los jóvenes, y el calentamiento global, que justificaciones difusas para meter mano en lo ajeno nunca fallan. A no ser, claro, que el funcionario abra la mano, permita que afloren los otros 80, y de paso se quede con una parte. Así funciona todo.
Como el mercado del suelo en España. Y así seguirá funcionando, pero peor; mucho peor. Porque la nueva Ley del Suelo, que comenzó su vigencia este julio que no ha sabido del calentamiento global, es el colmo de la combinación de poder y arbitrariedad. El sumun del socialismo. La panacea de la corrupción. La repera.
Porque ahora, con la nueva ley, puede llegar el probo funcionario de turno y expropiártela por dos duros. Lo del justiprecio siempre fue una coña marinera, porque el único precio justo es el del mercado, el que acuerdan dos partes sin otra condición que poner en común sus santas voluntades. Pero ahora es un sarcasmo brutal e hiriente. ¿Justiprecio? Me lo llevo por lo que puede valer su uso actual, y no me hable usted de futuro, que a largo plazo todos calvos, dice el probo funcionario. Que todos tienen derecho a tener su santa voluntad, aunque seas un humilde concejal de urbanismo.
El trujillazo que nos ha colado Zapatero va a llevar a España a la alianza de civilizaciones entre los funcionarios bizcochables y los halcones de los consistorios. La comisión será materia de estudio en Educación para la ciudadanía. Los concejales llevarán a Trujillo a los altares y se encomendarán a Nuestra Señora de la Comisión Perpetua. Que Dios les pille confesados.
