Michael Franc
¿Recuerda los interminables enfrentamientos en los años 80 al final del periodo de sesiones entre el presidente Reagan y los congresos controlados por los demócratas? El ex presidente de la Cámara de Representantes Tip O'Neill y sus aliados agrupaban todo el gasto del año en un descomunal paquete, al que sumaban con disimulo subidas de impuestos, ampliaciones multimillonarias de los seguros médicos Medicare y Medicaid e iniciativas de vivienda, educación, medioambiente y energía. Luego, sin haberlo leído siquieran, enviaban este mejunje legislativo a la Casa Blanca en la oscuridad de la noche, retando al presidente a que lo firmara.
En 1988, Reagan firmó renuentemente el proyecto de ley "ómnibus" de 3,296 páginas más el informe de acompañamiento de las deliberaciones que pesaba, según afirmó el presidente, "un total de casi 20 kilos de papel y tinta", pese a lo cual fue aprobado por el Congreso después de sólo seis horas de deliberación. Una de estas atrocidades legislativas se armó tan precipitadamente que el texto omitió ciertos números clave del presupuesto. En su lugar había un recordatorio escrito que decía "llamen a Rita por estas cifras" junto con su número de teléfono, todo lo cual fue formalmente promulgado como ley.
Bueno, pues prepárese para volver a los años 80. La agenda legislativa de otoño se está perfilando como otra confrontación transcendental entre un presidente republicano que se acerca al fin de su segundo mandato y de un congreso demócrata pendenciero. La diferencia está en que los líderes del Congreso vuelven al poder después de un paréntesis de 12 años y deben lidiar con más de una década de frustración reprimida entre sus compañeros demócratas; una década que vio postergados la mayoría de los sueños legislativos izquierdistas pero donde cristalizaron algunos propios de los conservadores.
El primer asunto de la agenda progre será volver a llenar las arcas de los programas de gasto interno que, según creen, los republicanos tacaños han vaciado. Claro que los seis últimos años no se puede decir que hayan sido frugales precisamente, pero no importa: los congresistas demócratas siguen queriendo usar tretas presupuestarias y aumentar el gasto en 24.000 millones de dólares por encima del nivel que el presidente solicitó.
La resistencia republicana a este gasto adicional surgió primero en mayo, cuando el director de Presupuesto de la Casa Blanca, Rob Portman, se quejó a los líderes demócratas de que "el primer paso del camino a un presupuesto equilibrado [no es] un aumento sustancial del gasto federal". Advirtió que el presidente vetará cualquier ley de gasto que exceda su petición del presupuesto. En menos de una semana, 147 republicanos de la Cámara de Representantes respaldaron al presidente Bush firmando una carta en la cual se comprometían a sostener el veto presidencial (son 2 votos más del tercio requerido).
Desde entonces, el presidente ha enviado una ininterrumpida serie de señales que expresaban su intención de mantenerse firme ante las guerras presupuestarias. Ha hecho públicas sus enérgicas amenazas de veto al ver la dramática expansión del programa estatal de seguro médico para niños (SCHIP, por sus siglas en inglés), las ayudas a la agricultura y prácticamente todo el gasto que la Cámara de Representantes ha tomado en consideración.
El presidente incluso ha asumido una posición de principios, aunque quijotesca, respecto a la Ley de Desarrollo de Recursos Hídricos, una cornucopia legislativa rebosante de fondos para financiar despilfarradores proyectos hídricos, planes de desarrollo costero y hasta carreteras. Portman escribió a los líderes de la Cámara de Representantes que, por alguna razón, "un presupuesto del Senado de 14.000 millones de dólares se discutió junto a otro de 15.000 millones de la Cámara de Representantes para acabar convertido en uno que superaba los 20.000 millones". Advirtió que "el presidente vetará esa ley".
La buena noticia para Bush es que su enérgica postura contra el gasto público goza del suficiente apoyo entre legisladores conservadores (por lo menos en la Cámara; el Senado aún tiene que tomar en consideración la mayoría de estos presupuestos) para forzar a los demócratas a negociar. En la Cámara, 6 de las 9 leyes de gasto han tenido en contra suficientes votos republicanos como para sostener un veto del presidente. En 2 de las leyes restantes, la brecha es tan pequeña (5 votos o menos) que un poco de presión presidencial debe ser suficiente para alcanzar los 145 votos requeridos.
Se merece una felicitación especial el novato congresista republicano Jim Jordan, campeón universitario de lucha libre y un liberal que propuso recortes globales para las 9 leyes de gasto. El congresista republicano Harold Rogers, veterano experto en presupuestos, ofreció una enmienda similar para la ley de seguridad nacional. Aunque estas enmiendas fueron completamente derrotadas, el análisis sugiere que Bush tiene más de 140 firmes partidarios que incluyen a los líderes republicanos de la Cámara, con algunas docenas más listas para unirse al grupo. El congresista Lewis, que no es precisamente un halcón liberal, habla en nombre de muchos de sus colegas cuando afirma que "apoyaría cualquier veto del presidente".
Agréguele a eso el ardiente deseo de los demócratas por inventarse nuevos subsidios y subir los impuestos, así como su costumbre de fundir todo tipo de legislación inconexa en un solo paquete anual, y ya tenemos los mimbres para un revival de los años 80.
Los republicanos no van a recuperar fácilmente la autoridad moral que han perdido en el tema del gasto público. Pero gracias al liderazgo de Bush y la persistencia de jóvenes conservadores como Jordan, la hoja de ruta por la que tienen que transitar es clara.
Y alcanzable.
©2007 The Heritage Foundation
* Traducido por Miryam Lindberg
Michael Franc es vicepresidente de Relaciones Gubernamentales en la Fundación Heritage.
