La profusión de corrientes liberales como los liberales "progresistas", liberales clásicos, liberales socialistas, socialdemócratas se explica en las buenas connotaciones que sigue acompañando al término liberal. Todavía es una ofensa ser tachado de "antiliberal". Cuando se desea injuriar a los liberales se les llama "neoliberales", un término indefinido. Esta inflación del liberalismo ha llevado a muchas confusiones. ¿Cómo podemos saber con certeza quiénes son liberales y quiénes no? Sencillo. Basta con preguntarles si apoyan la privatización de empresas estatales.
¿Por qué la privatización? La privatización no es un simple proceso tendiente a mejorar los estatismos paralizantes e improductivos, como a menudo se piensa, sino una estrategia esencial para desmantelar el socialismo, privatizar aquello que ha sido socializado. De ahí la férrea oposición de los socialistas a las privatizaciones. Además, no debe olvidarse que, según Karl Marx, el comunismo podía definirse en una sola frase: abolir la propiedad privada.
El socialismo siempre ha sido sinónimo de la nacionalización de recursos naturales y empresas, reforma agraria y transferencia de activos privados al Estado, en tanto que el proceso inverso, la privatización, ha sido sinónimo del liberalismo. La privatización genuina no sólo busca ventajas económicas sino morales: hacer de cada persona un propietario, que el trabajador se convierta en empresario y sea responsable de su propia empresa. Debe restituir a las personas y empresas todas las actividades económicas y activos que no corresponden al ámbito estatal.
En el pensamiento liberal, la propiedad es la base de la sociedad libre y la garantía de una coexistencia pacífica. Para los liberales clásicos, los derechos de propiedad son el fundamento de todos los derechos del hombre. La libertad y la vida no tienen sentido si el hombre no es dueño de su persona, sus pensamientos, su esfuerzo. Las críticas que hacen los seudo liberales a los derechos de propiedad en el fondo se apoyan en la desconfianza hacia la libertad.
En muchos países, la privatización comenzó en los años setenta a nivel municipal entregando a empresas privadas los servicios que eran capaces de realizar, desde la recolección de basura, servicios de bomberos, limpieza de calles, red de agua potable hasta la gestión de las cárceles. En todos los casos se comprobó que el servicio privado cuesta mucho menos que el público y no solo por la superioridad productiva de lo privado sobre lo estatal, sino por la superioridad de la competencia sobre el monopolio. La privatización se extendió por todo el mundo en los años ochenta.
La privatización también llegó a América Latina, pero vino acompañada de la corrupción. Los gobernantes vendieron los activos de las empresas estatales junto con el monopolio que las mismas gozaban para obtener un mejor precio. Y recurrieron a la privatización no porque súbitamente se hubieran convertido al liberalismo, sino porque era la única forma de conseguir fondos y salvar a sus gobiernos de la quiebra. El fracaso fue rotundo, los monopolios estatales se transformaron en monopolios privados, los servicios no mejoraron ni bajaron los precios.
Algunos antiliberales, como Lula y Menem, apoyaron la privatización siendo estatistas. Otros socialistas, como Felipe González de España y David Lange de Nueva Zelanda, lo hicieron por sus ventajas productivas. La China comunista privatizará en cinco años más de 100.000 empresas estatales para captar inversiones y asegurar el crecimiento de largo plazo. Gobiernos de izquierdas y de derechas han traspasado al sector privado los activos estatales deficitarios para aprovechar las ventajas de la productividad. Solo los verdaderos liberales, como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, privatizaron por principios.
En América Latina la forma de evitar la aversión a la privatización que dejó como legado el corrompido proceso de los ochenta es, posiblemente, el de eliminar los monopolios y abrir los distintos sectores a la competencia, dejando para el futuro la venta de los activos estatales.
