El jueves, 7 de febrero, los venezolanos se enteraron de una de las noticias más impactantes de los últimos tiempos: la petrolera ExxonMobil obtuvo dos órdenes judiciales para congelar hasta 12.000 millones de dólares de activos de Petróleos de Venezuela S.A., la empresa petrolera estatal, en Gran Bretaña, Holanda y las Antillas Holandesas; además de obtener una tercera orden de un tribunal de los Estados Unidos para congelar fondos de PDVSA por valor de 315 millones.
Es oportuno recordar cómo se ha llegado hasta aquí. En los años 90, cuando PDVSA era una empresa sólida y de reconocida reputación internacional, su gerencia se había propuesto llevar la capacidad de producción a 5,8 millones de barriles diarios para 2008. Reconociendo que PDVSA no tenía ni el capital ni la tecnología necesaria para alcanzar ese objetivo, la gerencia propició acuerdos con empresas extranjeras.
Por un lado, con aprobación del Congreso Nacional, les dio a empresas extranjeras contratos de servicio para reactivar los campos marginales. Por otro, otorgó a varias empresas el derecho de explorar áreas vírgenes bajo la modalidad de ganancias compartidas, donde éstas arriesgaban su capital en búsqueda de petróleo y, si lo encontraban, asumían el compromiso de explotarlo en sociedad con PDVSA. Además, se crearon cuatro asociaciones con empresas de alta tecnología y capacidad financiera para mejorar la Brea de la Faja del Orinoco, donde PDVSA tendría una participación de 40%.
Pero, con la llegada de Chávez al poder, se cambió el enfoque de PDVSA, privilegiando el proyecto político del mandatario. Así, con su comportamiento autoritario y prepotente, violando las leyes de la República y los contratos firmados, el Gobierno cambió unilateralmente las reglas de juego a todas las empresas extranjeras que participaban en estas tres modalidades de negocio.
El 1 de mayo de 2007, el Gobierno de Hugo Chávez tomó para sí el control de las asociaciones de ganancias compartidas y de las mejoradoras de crudo de la Faja del Orinoco, sin darles el derecho a pataleo, ni aceptar negociación alguna y, peor aún, sin pagarles el debido justiprecio por su participación. ExxonMobil y ConocoPhillips no se doblegaron ante el Gobierno bolivariano y acudieron al arbitraje internacional para reclamar sus legítimos derechos.
Ahora llegan estas órdenes judiciales de congelamiento de activos y embargo de fondos, en momentos cuando ni ExxonMobil ni ConnocoPhillips han podido avanzar en el proceso de arbitraje internacional con PDVSA, debido al silencio sepulcral en el que se ha sumido la estatal venezolana.
Hoy, esa prepotencia y autocracia del Gobierno de Chávez coloca al país en una situación en la que sólo puede perder. Aun suponiendo que ExxonMobil logre sentar al Gobierno en la mesa de arbitraje, que éste negocie y que se obtengan resultados satisfactorios para todos, el daño a la credibilidad, a la reputación de PDVSA y a la imagen del país está hecho.
El costo a pagar es altísimo, pues se traduce para la Nación en mayores costes por los préstamos y más dificultad en conseguir socios serios para alcanzar el necesario aumento de producción. Y ha sucedido cuando la empresa estatal se está enfrentando a la mayor crisis de producción y de flujo de caja en su historia.
