En el debate del lunes pasado se manejaron algunos datos que indican que el candidato Rodríguez o esconde la verdad o demuestra un profundo desconocimiento de la realidad, lo cual en un aspirante a presidente del Gobierno es muy peligroso. En concreto, confundió subidas y bajadas del precio de la vivienda con subidas o bajadas de las tasas de crecimiento de los precios de la vivienda.
Ninguna tasa puede subir ni bajar permanentemente, por lo que el argumento de que unas tasas crecientes de aumento de precios de la vivienda son malas y su disminución a partir de un momento dado es algo positivo no tiene validez argumental alguna mientras no se analicen las causas que subyacen en esas subidas o bajadas. En España, como en Estados Unidos, la desaceleración de los precios de la vivienda se debe a la crisis del sector inmobiliario y no creo que el señor Rodríguez quisiera presumir de haber provocado una crisis en el sector inmobiliario para que los ritmos de subida de precios disminuyeran.
Los precios de la vivienda dependen de la oferta de suelo y de la demanda de vivienda. La idea del PP de liberalizar el suelo (cosa distinta a "liberar" suelo, lo que presupone que está intervenido y en manos políticas y que seguirá así después de "liberarlo") fue echada abajo por los nacionalistas y el PSOE, por lo que el suelo siguió siendo escaso y subió extraordinariamente, lo que encareció mucho el precio de la vivienda.
Desde el lado de la demanda juegan factores como la inversión extranjera, el número de inmigrantes, la renta disponible (después de impuestos) de las familias, las condiciones de compra de la vivienda (tipos de interés real de las hipotecas y sus plazos), el precio de los activos alternativos para la inversión (v. g. bolsa) o el precio de los alquileres.
En fin, durante el mandato del señor Rodríguez ni se ha liberalizado el suelo, ni se han reducido los impuestos, ni se ha liberalizado el mercado de alquileres (como en su día comenzó a hacer el socialista Boyer) y además se han endurecido las condiciones de compra de viviendas ó del pago de las hipotecas. Es decir, la demanda se ha reducido. Desde el lado de la oferta, el stock de viviendas construidas se ha ido acumulando lo que supone un aumento de la oferta. Evidentemente si la oferta aumenta y la demanda disminuye los precios tienden a bajar.
En otro orden de cosas, del mismo modo que la bajada de las cotizaciones en la bolsa supone una disminución de riqueza teórica en manos de las personas, la disminución de los precios de la vivienda supone asimismo una pérdida de riqueza de los propietarios.
A mi entender, y en esto se equivocan los dos partidos, es necesario abandonar una política de incentivos a la compra y alquiler de vivienda que distorsionan el mercado y adopten una doble política que, en primer lugar, liberalice totalmente el mercado de alquileres introduciendo una seguridad jurídica para el arrendador que hoy no existe, y en segundo lugar liberalice el suelo como en su día propuso el PP.
En cuanto al tema del agua, el señor Rodríguez demuestra una vez más sus profundos desconocimientos al considerar que si hubiera habido trasvase del Ebro habría faltado agua en Cataluña, como si el Ebro fuera una presa y no un río. En un trasvase lo primero que se garantiza es el abastecimiento de agua para consumo humano y luego su disponibilidad para los que deseen utilizarla como factor de producción en la agricultura o la industria. Si en un momento dado por efecto de la sequía el caudal de un río pone ambos en peligro, el trasvase se frena pues sólo se trasvasa el excedente. Lo que no tiene ningún sentido es que se transfiera agua de zonas secas (Almería) a zonas húmedas (Barcelona). Es un absurdo que demuestra los errores de la planificación que tanto gusta al socialismo español.
En su día el Círculo de Empresarios criticó los proyectos de trasvase no porque no fueran necesarios sino porque no se asignaba un precio de mercado al agua trasvasada, como factor de producción, para usos agrícolas. Estos precios deberían reflejar los costes de trasvase y el valor del agua para los agricultores del Sur y suponer asimismo un incentivo para que los agricultores e industriales de la ribera del Ebro fueran compensados por su cesión. No se trata de un tema de solidaridad sino de asignación de un factor productivo escaso a usos económicos alternativos en la agricultura, industria y servicios. Conviene no olvidar que el agua para consumo humano no llega al 10% del abastecimiento, porcentaje que en cualquier caso hay que garantizar puesto que no se trata en este caso de un factor de producción.
En cuanto a la Ley de Igualdad supone en mi opinión un insulto a la mujer pues dejan de ser consideradas por lo que valen y pasan a ser valoradas por su sexo. No creo que las antiguas presidentas del Congreso y Senado o la actual presidenta de la Comunidad de Madrid hayan necesitado una Ley de Igualdad para desempeñar los puestos que tan brillantemente han desempeñado. ¿Se puede decir lo mismo de la ex ministra de Vivienda María Antonia Trujillo, de la ex ministra de Cultura Carmen Calvo o de la actual ministra de Fomento, Magdalena Álvarez?
