Si miramos exclusivamente los beneficios, nos parecerá bien absolutamente todo porque siempre existe un beneficio. La Administración de Seguridad en el Tráfico de Autopistas Nacionales informó de que hubo 43.443 accidentes fatales en autopista en el 2005. Si hubiera estado en vigor una ley de limitación de la velocidad máxima a 25 kilómetros por hora, probablemente ni siquiera se hubiera llegado a los 500 accidentes. Se podrá argumentar que esa es una idea demencial. Cierto, sin duda, pero no la califiquemos como demencial; es más preciso decir que salvar alrededor de 43.000 vidas no compensa el coste y los inconvenientes de un límite de velocidad a 25 km/h.
Suponga que tuviera que afrontar un riesgo de un 1% de padecer una pérdida por valor de 10.000 dólares. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por intentar evitarlo, o para asegurarse frente a esa eventualidad? Dudo que ninguna persona razonable estuviera dispuesta a pagar 9.000, 5.000 o ni siquiera 1000 dólares, aunque podría estar dispuesta a pagar 100. Ciertamente existe un beneficio en evitar una pérdida, pero ¿a qué coste?
Apliquemos el cálculo coste-beneficio a los gastos en antiterrorismo. Wyoming tiene dos ciudades importantes: Cheyenne, su capital, con una población de 53.000 habitantes; y Casper, con 50.000. Los gastos federales y estatales por antiterrorismo en dicho estado sumaron 6.673.910 dólares en 2007. ¿Cuál es el riesgo de que Wyoming sea un objetivo terrorista y, en caso de serlo, cuál es el coste esperado en términos de vidas humanas y daños materiales?
No hay ninguna manera precisa de determinar el riesgo de ataque terrorista de Wyoming y su coste, pero un razonamiento simple sugiere que se puede gastar muy poco o demasiado. El efecto de gastar muy poco podría traducirse en un devastador ataque terrorista que podría haberse evitado. El efecto de gastar demasiado es menos obvio porque las víctimas son invisibles. Por ejemplo, comprar nuevos quitanieves cuesta entre 140.000 dólares y 160.000 dólares. ¿Cuántas vidas de Wyoming se podrían haber salvado si parte de los gastos en antiterrorismo se hubieran dedicado a quitanieves adicionales para limpiar las calles y las carreteras de nieve y hielo? Existen muchos otros gastos que salvan vidas, pero la idea es que un dólar gastado en antiterrorismo es un dólar que no se puede gastar en otra cosa que hubiera sido más probable que hubiese salvado vidas.
La Ley Nacional de Trasplantes de Órganos de 1984, que prohíbe expresamente el pago a los donantes o sus familias, genera beneficios en forma de satisfacción ética a costa de una enorme pérdida de vidas. Eso se debe a que los órganos tienen que ser suministrados a los receptores de manera desinteresada. Como resultado se da una gran escasez, al igual que sucedería si los coches, las casas, la comida, la atención dental o la ropa tuvieron que ser obligatoriamente proporcionadas de manera desinteresada. Esa es precisamente la conclusión de los profesores Randolph Beard, John Jackson y David Kaserman en su artículo El fracaso de la política de abastecimiento de órganos norteamericana, publicado en la edición de invierno de 2008 de la revista Regulation del Cato Institute, radicado en Washington D.C.
En 2005 había 90.000 americanos en lista de espera para un trasplante de órganos, una cifra que se espera que llegue a los 150.000 antes de 2015. Los autores estiman que desde 1990 han fallecido cerca de 100.000 personas a la espera de un órgano, y estiman que antes de 2015 esa cifra habrá crecido hasta los 196.000. Y este precio, ya muy alto, ni siquiera incluye todo el dolor y el sufrimiento del paciente en lista de espera y su familia.
Hay un par de factores, además de la satisfacción ética, que podrían explicar el éxito de la prohibición a la venta de órganos. Las personas que esperan un órgano son, en números desproporcionados, pobres y pertenecientes a minorías; están desorganizados, enfermos y desconocen la causa de su situación. Las personas que se benefician de sus apuros ganan un montón de dinero y están muy bien organizadas. Son los propietarios de las clínicas de diálisis, aquellos que reciben financiación para la investigación en trasplantes y las agencias que gestionan la obtención y la distribución de los órganos. De hecho, todos los implicados en el negocio de los trasplantes son remunerados generosamente, excepto el donante del órgano. Me gustaría saber qué estándar ético justifica tamaña cifra de muertos y tal desconexión entre costes y beneficios.