Leo en El País que Rafael Simancas asegura que Esperanza Aguirre está "desmantelando a conciencia los servicios públicos esenciales". Y don Rafael añade: "eso va en contra de un principio fundamental: el de igualdad, en el que ella no cree".
Ya hemos dedicado alguna columna al infundio de la izquierda conforme al cual Aguirre o el Partido Popular son entusiastas de la privatización y hemos demostrado que, por desgracia, no lo son. Conviene subrayar ahora la retórica antiliberal y la igualdad socialista.
La retórica de los intervencionistas, esos socialistas de todos los partidos, es reveladora porque siempre conciben la libertad como una amenaza y la coacción como una protección: lo acaba de reiterar Rajoy en Elche. La primera frase de Simancas es una acusación que uno lanza sobre una persona malvada, que está "desmantelando", y para mayor crueldad "a conciencia", unos servicios "esenciales". Es decir, que privatizar significa que lo bueno que antes existía dejará de existir.
Pero esto no tiene ningún sentido. Supongamos que el Estado del Bienestar desaparece. Los ciudadanos se encuentran, por tanto, con una muy incrementada riqueza, porque la presión fiscal, en ausencia de redistribución de la renta, sería bajísima. Lo que don Rafael está diciendo es que en tal caso, "desmantelados" los servicios públicos, los ciudadanos no demandaríamos sanidad, educación o pensiones, como demandamos comida y vestido. Entonces, no habría sanidad, ni educación, ni pensiones. Es decir, un completo disparate.
En suma, si los socialistas rechazan la privatización es porque en realidad aprecian la coacción política, y en la privatización temen el ingrediente básico de la sociedad abierta: la libertad de los ciudadanos.
Y esto tiene que ver con la segunda frase de Rafael Simancas: los privatizadores, afirma, no creen en la igualdad. De lo dicho hasta aquí se deduce que la igualdad a la que se refiere don Rafael no puede ser la igualdad liberal, la igualdad ante la ley, porque ello requeriría la ausencia de coerción sobre los bienes y las libertades del pueblo. Como Simancas apoya esta coerción, es claro que se está refiriendo a otra igualdad, que no es ante la ley sino mediante la ley. Las personas ya no son libres e iguales sino que son igualadas mediante la intervención política y legislativa.
Otra vez, la igualdad en la que los socialistas creen es un principio fundamental que exige quebrantar el ingrediente básico de la sociedad abierta: la libertad de los ciudadanos.
