Se han cumplido cien días del segundo Gobierno de José Luís Rodríguez y parece dudoso que España pueda resistir un tercero. Tras estos más de tres meses de inacción productiva, nos encontramos con un panorama harto preocupante.
Si nos centramos en el aspecto económico, caminamos directos al más absoluto de los desastres. Sabíamos que España no puede crear empleo con un crecimiento inferior al 2,5%. Sin embargo, vamos a cerrar el año por debajo del 1% y en caída libre. De este descenso se desprenden dos consecuencias, a saber, que a final de año tendremos como mínimo quinientos mil parados más que cuando comenzamos el ejercicio, y que el año 2009 va a ser necesariamente peor.
Ante esta situación, el presidente del Gobierno se ha preocupado de decir a diestro y siniestro que no va a haber reducción del gasto social. Sería interesante que nos revelara de dónde lo va a pagar. Es obvio que el gasto social se va a incrementar a medida que disminuya el empleo, pues de algún sitio tendrán que pagarse las prestaciones por desempleo. Aunque, no conforme con esto, José Luís Rodríguez amenaza con nuevos gastos sociales.
Alguien debería explicarle que para aumentar el gasto social sólo se puede utilizar una de las siguientes vías: en primer lugar, subir los impuestos, esto es, reducir el dinero del que disponen los ciudadanos para pagar la hipoteca, afrontar los gastos corrientes y, en su caso, ahorrar. En segundo lugar, el Gobierno, puede acudir al endeudamiento exterior, aunque este hecho suponga que los futuros ahorros de los españoles se utilicen para pagar intereses. Pero al Gobierno del PSOE le da igual lo que venga detrás, pues dejaron España con más de tres millones de parados y volverán a hacer lo mismo. Ya verán cómo nos cuentan que la culpa es de la coyuntura, que no cabe otra política, que la situación es compleja... Para eso está Pepe Blanco, que es tan bueno con la demagogia como malo con el manejo del idioma.
Lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno, su vicepresidente y cualquiera que tenga responsabilidad en este país es, primero, reducir el gasto público, incluido el social, a pesar de que esto sea impopular; en segundo lugar, bajar los impuestos, para facilitar el pago de la vivienda, la recuperación del consumo y permitir el ahorro; y en tercer lugar, flexibilizar el mercado laboral para facilitar la recuperación de la inversión, especialmente en el sector productivo, evitando el cierre de muchas empresas y permitiendo la apertura de nuevas.
Para nuestra desgracia, no hará ninguna de las tres cosas. No por desconocimiento de la realidad, sino por mantener la estrategia de la ocultación de la verdad, que tan buenos resultados le ha venido dando durante los últimos cuatro años en todos los ámbitos. El actual ministro de Economía ocultó deliberadamente a los ciudadanos la situación real de la economía, consiguiendo que Pizarro pareciera un agorero en el debate que sirvió de arranque televisivo a la campaña electoral. Así logró obtener el voto de muchos ciudadanos de buena voluntad, al socaire de un montón de mentiras. En cambio, para otros ha sido simplemente la crónica de una estafa anunciada.