Da igual que partidos políticos y medios de comunicación celebren una solución a los problemas que no es tan fácil como nos dicen. Más allá de las reuniones, las fotos y las declaraciones solemnes, alguien debe contar a los españoles la verdad. Las pésimas perspectivas para la economía española tendrán una consecuencia clara y palpable, que será la vuelta a niveles de desempleo propios de los años 80. La cifra de tres millones de parados se superará con toda probabilidad en unos pocos meses y al parón en el sector de la construcción le suceden y sucederán más expedientes de regulación en el sector industrial y en los servicios. Esto puede resultar incómodo y desagradable, pero conviene tenerlo en mente, porque de esta crisis la primera víctima ha sido, para variar, la verdad, que nadie quiere tener en mente.
Entre las intervenciones en los mercados y los nuevos fondos de provisión y de garantía, han pasado desapercibidas para la sociedad importantes noticias sobre cierres de empresas en sectores industriales. Un dato es claro y es que sólo en el sector de la automoción se perderán unos 12000 empleos antes de que acabe el año. Por no hablar de sectores en franco declive como el textil. El Gobierno o la oposición deberían contar las cosas como son: España tiene ante sí un problema serio de competitividad y la situación internacional nos afectará de forma especial en el futuro. La economía española está enferma y de eso no tienen la culpa ni Bush ni las subprime.
España ha sido un país en el que históricamente la economía no ha podido generar una demanda de trabajo que sea suficiente para la mano de obra disponible. Ese lastre lo padeció durante el siglo XX (y se tradujo en migraciones a Europa y América) y no se corrigió hasta los años 90 con el primer gobierno de Aznar. Ha habido muchos culpables, pero hay que citar uno que, a día de hoy, se ha sumado a la fiesta de la irresponsabilidad general: los sindicatos. Son ellos y su regulación laboral lo que ha restringido y restringe el mercado de trabajo y ha impedido que algo tan evidente como que las plantillas se ajusten a la demanda o que los salarios sean libres y no indexados a la inflación, no se produzca.
El problema de estas organizaciones en nuestro país es que jamás se han preocupado por la economía del trabajador, sino por llevar a cabo una política de gestos de reivindicación permanente que les autojustifique. Si un trabajador desea ser competitivo, ser mejor y más barato que el resto, si desea progresar en la empresa, jamás se afiliará a un sindicato. Se trata de unas organizaciones que, cómodamente instaladas en la poltrona del cortoplacismo demagógico y la reivindicación de clase, son capaces de negarse a aumentar la carga de trabajo, poniendo en peligro la viabilidad de proyectos empresariales y con ellos el empleo de miles de trabajadores.
Es verdad que este no es un problema exclusivo de España y que sólo hay que mirar a Italia o Francia para ver cómo los sindicatos ayudan a empobrecer un país sin que nadie les llame la atención por esta irresponsabilidad. Conviene recordar que existen países donde la afiliación sindical es, no sólo baja, sino que su eco y su financiación pública es mínima y su influencia en la política laboral es prácticamente nula. Son precisamente esos países los que disfrutan de más y mejor empleo. La ecuación es clara; a menor presencia sindical, mayor bienestar para el trabajador.
Esta crisis debería servir para algo más que para lamentarse o plantear medidas demagógicas. Debería, por ejemplo, hacer que nos preguntemos por la utilidad de estas organizaciones que en lugar de facilitar una actividad profesional la entorpecen en perjuicio de los trabajadores. Puesto que los sindicatos son uno de los factores que lastran la economía española, es el momento de preguntarse por su responsabilidad y obrar en consecuencia. Los trabajadores lo agradecerían.
En los últimos presupuestos del Estado los sindicatos seguirán disfrutando de importantes subvenciones y seguirán gestionando fondos como el millonario para la reconversión industrial en comarcas mineras donde no tiene sentido, lo que nos llevaría, además, a plantear el problema de la corrupción. Ante la situación que disfrutan, no se espera que desde ellos parta la iniciativa para que quien lo desea pueda trabajar más y pueda ser más competitivo. Hoy al trabajador español le va mal, pero a los sindicatos les va demasiado bien; con ayudas millonarias se dedican al acoso mercenario contra el consejero Güemes y al silencio hipócrita hacia el Gobierno. Si por ellos fuera, su posición de ventaja se mantendría. A ellos nunca les afectará la crisis, o eso creen. Va siendo hora de ponerles en su sitio.