Con motivo de la merienda de negros conocida como "lo de los 30.000 millones ampliables a 50.000", alivio de la banca, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, ve "máxima transparencia" en una rendición de cuentas cuatrimestral del Gobierno al Parlamento, cuya función de control del gasto público parece haber sido superada en esta España del republicanismo de Pettit –pequeño republicanismo– y de la magnánima creación de nuevos derechos a cargo del hechicero de la tribu.
Pocos imaginaban que cuando el progrerío se puso el dedo índice sobre el ojo a modo de desmesurada ceja, en realidad estaba diciendo: ojo al palo que vamos a dar. Ya pueden vestirlo como quieran, ya pueden marear a la opinión con tecnicismos; hay un hecho crudo y crudo nos lo tendremos que tragar: nuestros impuestos van a ser utilizados en grandes cantidades para pagar, antes de que acabe el año, intereses de la deuda contraída por bancos españoles y a punto de vencer. Curiosamente ascienden a 30.000 millones de euros. Ergo, ni un euro va a salir de ahí con destino al crédito de familias y pymes.
Gracias a ese modelo de transparencia de Solbes y Vegara que consiste en ocultarlo todo casi todo el tiempo, para enseñar por encima tres veces al año lo perpetrado, va a ser imposible control alguno, toda vez que no habrá modo de negar las ayudas ya concedidas con criterios ignotos. El problema es que cuando los criterios son ignotos, todo autoriza a pensar que los mueve la pura conveniencia del político que salva la vida a ese banco, a aquella caja. Y, por qué no, a sospechar que el descontrolado repartidor vinculará oficiosamente su ayuda a la financiación futura de tal compra de una empresa de comunicación, a facilitar el cambio de manos de tal o cual compañía energética. Veremos cosas que dejarán en nada el felipismo a calzón quitado. Y encima serán legales.
Las veremos necesariamente, las veremos sin duda, pues no reside en la ciega confianza personal de los ciudadanos la posibilidad de impedir la corrupción, sino en la articulación de mecanismos eficaces que la aborten cuando quiere nacer. Es una desgracia que el PP no haya entendido esto. Y mucho peor si lo ha entendido y, con todo, decide apoyar esta opacidad bautizada como transparencia máxima. Hasta hace unos días, el PP defendía (busquen en la entrevista de Telemadrid a González Pons, que ha dado para mucho) el anonimato de las entidades que recababan ayuda... en tanto la ayuda no fuera concedida. ¡Y su publicidad en el momento de concederse! ¿Qué ha cambiado?