Mientras Estados Unidos y la Unión Europea lanzan unos paquetes de gasto público de cientos de miles de millones de dólares y de euros con la vana esperanza de que sus economías se reactiven, el Gobierno argentino no quiere ser menos y viendo que su economía se enfría día a día y se encamina hacia una gran crisis, ha anunciado su propio plan.
Ante la nacionalización del sistema de pensiones, los argentinos nos hemos preguntado cuál sería el destino de los fondos (unos 24.000 millones de dólares que habían acumulado las administradoras, además de unos 4.500 millones de dólares que anualmente se sumarán a las arcas del Estado por las nuevas aportaciones de los "contribuyentes"). Ayer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ocupó de despejar las dudas. Las cuatros medidas fueron las siguientes:
1) La creación de un Ministerio de la Producción, que entre otras tareas –aún por determinar–, ejecutará a partir del 15 de diciembre "el plan de obras públicas más ambicioso del que se tenga memoria, con una cifra de 71.000 millones de pesos" (algo más de 20.000 millones de dólares).
En pocas palabras, la presidenta destinará los "fondos expropiados" a un plan de obras públicas que genere empleo y reactive la economía. Es de esperar también que el Gobierno, mediante este Ministerio, pretenda controlar la producción, ignorando que en un mercado libre, gracias a las señales que proporcionan los precios, el tipo de interés y los beneficios empresariales, prevalece la famosa "soberanía del consumidor" (éste es quien determina qué se debe producir, en qué cantidad y a qué calidad). A partir de ahora, en la Argentina, los empresarios deberán seguir la voluntad del Ministerio de la Producción, en lugar de la de los consumidores.
2) "En materia de empleo vamos a condonar la totalidad de la deuda tributaria a los empresarios que tengan a todos sus trabajadores regularizados", sostuvo la presidenta, al tiempo que aclaraba que la medida sólo se aplicará a las empresas de hasta 10 empleados.
Más allá de ciertos problemas que surgen con la aplicación de esta medida, se observa cierta miopía si uno tiene en cuenta que las empresas con menos de 10 trabajadores son las que acaparan el 75% del mercado laboral informal. La medida, en definitiva, no logrará cambiar la situación de las pymes, que es el objetivo del Gobierno.
3) "Además vamos reformar el sistema de contribuciones patronales, de manera que por cada nuevo puesto de trabajo sólo se aportará el 50 por cien de la cotización actual durant el primer año y el 75 por cien en el segundo", explicó Kirchner.
Argentina evidencia en la actualidad un nivel de presión fiscal récord. Se ha pedido, desde distintos ámbitos, reducir esta carga con el objetivo de que las empresas puedan disminuir sus costes y generar empleo. Esta política iría en la buena dirección, pero es insuficiente y difícilmente será exitosa si tenemos en cuenta todo el otro arsenal de regulaciones adicionales que sólo incrementan el riesgo y los costes empresariales.
4) Y como cierre, la presidenta anunció un nuevo esquema impositivo destinado a fomentar la "repatriación de capitales". De acuerdo a las nuevas categorías anunciadas, los fondos sin declarar estarán gravados con un 8 por cien, los que no formen parte del sistema financiero con el 6 por cien y los que se inviertan en títulos de la deuda o proyectos de infraestructura o inversión inmobiliaria, agraria o industrial sólo con el 1 por cien.
Según los propios informes del Banco Central, Argentina ha registrado en los últimos doce meses una fuga de capitales que supera los 25.000 millones de dólares. Difícilmente esta medida logrará generar un ingreso siquiera similar a esta cifra, más aun considerando que la propiedad privada es un concepto que el Gobierno ha mostrado desconocer.
La confusión del mensaje se trasladó a los mercados, con una pequeña subida de la Bolsa de Buenos Aires de tan sólo un 0,5 por ciento, tras haber perdido la mayor parte de su capitalización en los últimos meses.
En definitiva, Argentina ha aprobado su propio New Deal y lo financiará hipotecando el futuro de sus ciudadanos. Si sigue aplicándose la filosofía del actual Gobierno, parece inevitable que comiencen a violarse los contratos, la seguridad jurídica y la propiedad privada y que la Constitución nacional continúe siendo letra muerta. La única esperanza que puede quedarnos es que, como en tantas otras ocasiones, el Ejecutivo no cumpla sus promesas y este "plan" quede en el olvido.