Standard and Poor's, una de las tres agencias de calificación que ha fracasado hasta lo indecible a la hora de valorar los riesgos que comportaban los distintos activos financieros que han desatado la crisis actual, coloca en vigilancia con perspectiva negativa la deuda pública española. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que estas empresas, que influyen decisivamente en los inversores extranjeros, están dejando de fiarse de la solvencia de nuestro Estado, especialmente a raíz de las multimillonarias emisiones de deuda que las Administraciones Públicas han tenido que realizar para sufragar los planes de estímulo y los de rescate a los bancos (sí, esos mismos que según Solbes nos iban a salir gratis).
Podrá considerarse, claro, que dado que las tres agencias han fallado más que una escopeta de feria en sus intentos por pronosticar el futuro, el cambio será casi irrelevante. Pues no. Si se degradara la calificación de nuestra deuda pública las consecuencias para toda la economía serían muy desfavorables, tanto más cuanto mayor fuera la rebaja.
Recordemos lo básico: la calificación de la deuda pública (también conocido como rating soberano) trata de dar una imagen del riesgo de impago de esa deuda. A menor calificación, mayor riesgo de impago y a mayor riesgo de impago más alto será el tipo de interés que tendrá que abonar el Estado para colocar la deuda en los mercado internacionales. Dicho de otra manera, si S&P nos baja la calificación (y detrás de S&P vendrán Moody's y Fitch), el Tesoro tendrá que pagar unos tipos de interés más altos para financiarse, con lo que nuestros impuestos futuros serán aun más elevados de lo que ya iban a serlo.
Pero además, hay otra consecuencia bastante seria para la economía española, aparte del incremento futuro de la presión fiscal. En general, el rating soberano determina la calificación máxima que pueden obtener el resto de empresas e instituciones de un país. La razón es que se considera que si el Estado es incapaz de pagar su deuda, ninguna otra entidad será capaz de hacerlo. A la hora de la verdad, esta rebaja dista de ser automática y generalizada, pero sí es cierto que el mayor riesgo de impago del Estado influye negativamente en el resto de ratings de empresas e instituciones. Por consiguiente, las grandes dificultades para acceder al crédito de bancos, empresas y administraciones públicas españolas todavía se agravarán más. El Estado no sólo dificultará la inversión privada (el componente que necesitamos para readaptar la estructura productiva a las nuevas necesidades de la economía e iniciar la recuperación) al captar con la deuda pública los recursos que, en otro caso, habrían ido a parar a las empresas, sino que además la complicará al aumentar los riesgos asociados a la deuda privada española.
Por último, la ya maltrecha liquidez de nuestros bancos y cajas recibirá un nuevo golpe (pese a la entrega de varios miles de millones de euros por parte del Gobierno), ya que en sus balances poseen alrededor de 46.000 millones de deuda pública (incluyendo la deuda autonómica y municipal) que, al ser revisada a la baja, les limitará y encarecerá su acceso a los mercados interbancarios. ¿Resultado? Una mayor restricción crediticia para la economía interna y una prolongación de la crisis.
Pero tal vez, lo peor de esta amenaza de rebaja del rating de la deuda pública española sea lo que deja entrever. Es cierto que las agencias de calificación no han dado ni una durante la última década, pero en general se han equivocado por ser demasiado "generosas". En cierta sentido, intentan evitar las degradaciones de los ratings tanto como pueden (debido a las enormes implicaciones que tienen en los diversos ámbitos financieros), por lo que cuando se lanzan a esta clase de decisiones (especialmente con los "tipos grandes") es porque ya no pueden retrasarse ni un segundo más.
Posiblemente, si las agencias de calificación no fueran un cartel semipúblico, el rating de nuestra deuda ya se habría rebajado hace tiempo. El Gobierno está metido en una política de despilfarro con la absurda pretensión de estimular "demandas agregadas" a costa de hundir las "demandas concretas" de sectores económicos enteros. Más deuda pública significa menos fondos para los inversores actuales, más impuestos futuros para los contribuyentes y, por tanto, menos consumo privado presente y futuro. Es decir, unas perspectivas más negras para la economía y, por tanto, para la solvencia del Estado.
Si la calidad de nuestra deuda sigue hundiéndose (y nada en la actitud derrochadora y manirrota del Gobierno hace prever lo contrario), nuestro flujo de financiación exterior (de la cual somos uno de los países más dependientes del mundo) podría seguir reduciéndose, empeorando la crisis y reduciendo los ingresos fiscales del Estado (aumentando, de nuevo, el riesgo de impago de la deuda).
En este sentido, puede que lo único que nos separe del drama argentino (que también pasaba por un Gobierno que gastó a más no poder y terminó impagando la deuda exterior) sea que la mayor parte de nuestra deuda está nominada en euros. Pero ¡ah!, que no sólo de planes E vive el españolito. La zona del euro también parece tener un plan C... y eso sí sería Argentina.