Cuando ya nadie discute que nos hallamos en uno de los peores momentos económicos, sociales, políticos y culturales de la reciente historia de España, su máximo culpable, José Luis Rodríguez Zapatero, continúa auspiciando un plan de medidas de cooperación al despilfarro, en lugar de intentar controlar el gasto público y favorecer las condiciones de recuperación de las empresas.
El desmentido de Joaquín Almunia a las cuentas y predicciones de Solbes viene a confirmar que el ministro de Economía o es un mentiroso compulsivo o es más inútil que una llave de goma. Su última gran idea ha sido apuntar a la vivienda de VPO como un posible punto de anclaje de la recuperación económica. Piensa Solbes que sobran viviendas de renta libre y, por el contrario, faltan de VPO, aún no se ha percatado de que en media España se están vendiendo viviendas por debajo del precio de coste, incluso por debajo del precio tasado de la VPO, y no hay quien acceda a un crédito para comprarlas. Es evidente que la construcción masiva de viviendas de VPO sólo contribuiría a colapsar todavía más el mercado inmobiliario; el efecto sería como apagar un fuego con un puñado de pólvora.
La mayoría de las empresas están cerrando no tanto por falta de trabajo, cuanto por impagos, falta de liquidez e imposibilidad de acceder al crédito, pero esto a Solbes le da igual. Ignora este adalid de la desfachatez que uno de los factores del estrangulamiento de las pequeñas empresas radica en el estancamiento de la deuda que los ayuntamientos tienen contraída con ellas, en ocasiones desde hace años. Por causa de lo anterior, las pequeñas y medianas empresas se han convertido en un factor decisivo de la financiación de los consistorios. Cuando estos ya no pueden pagar, y su papel deja de ser descontado por los Bancos, muchas de estas empresas proveedoras se ven obligadas a cerrar. El resultado es un necesario incremento del paro.
En lugar de destinar una partida presupuestaria a paliar la deuda municipal ya contraída, exigiendo a los ayuntamientos, a cambio, un recorte del gasto público, Solbes (quizá iluminado por las bombillas de Sebastián) opta por entregar 8.000 millones del ala para que los manirrotos gestores municipales hagan pistas de slot, zonas de patinaje, y un sinfín de insensateces ad pompam vel ostentationem del edil de turno. No es baladí la cuestión, cada día más empresarios optan por no suministrar a los ayuntamientos a menos que éstos paguen de una u otra forma un sobreprecio muy elevado que les compense la demora en el cobro.
A todo lo anterior hay que añadir un fenómeno típicamente patrio. Veamos, en la época de bonanza económica, y merced a un obsoleto sistema de financiación municipal, se han construido en muchísimos municipios obras casi faraónicas cuyo coste ha ido a cargo de recalificaciones urbanísticas de uno u otro tipo. Esas piscinas cubiertas, pabellones polideportivos, ludódromos, salones para bailes... han generado un gasto corriente insostenible por las arcas municipales, que ya se ha traducido en un déficit estructural.
Resulta imprescindible privatizar la explotación de todas estas instalaciones para que esos gastos municipales puedan ser ingresos, así como saldar las deudas de las empresas acreedoras de los ayuntamientos. Sin embargo, ni Solbes ni Zapatero tienen pinta de querer poner orden en este gallinero: los proveedores habituales cerrarán mientras algún amigo se llena el bolsillo vendiendo césped artificial en cantidad suficiente para enmoquetar Burundi.