Suena extraño que un socialista disienta de otro socialista, sobre todo, si se trata, por un lado, del máximo responsable del Banco de España y, por otro lado, del presidente del Gobierno. Es rara la discrepancia entre Fernández Ordóñez y Zapatero. Un viejo militante socialista, tan obediente de las consignas de su partido como sectario a la hora de llevarlas a cabo, es el actual gobernador del Banco de España. Zapatero rompió los pocos esquemas democráticos que quedaban en pie de la anterior etapa, para conseguir que Fernández Ordóñez fuera nombrado en ese puesto estratégico para diagnosticar los males de nuestra economía y, sobre todo, para controlar, disciplinar a gusto del propio Zapatero el sistema financiero español.
Fernández Ordóñez era y es, sin duda alguna, el hombre del presidente, pero parece que se le ha removido la conciencia y se ha atrevido a decirle un par de verdades a este Gobierno. Fernández Ordóñez, antiguo alto cargo político a las órdenes del ministro de Hacienda, ha dado una conferencia en Zaragoza para rebatir casi punto por punto lo defendido por Zapatero en el Congreso de los Diputados. Mientras que el discurso de Zapatero se ha instalado ya en la gestión de la recesión, sin entrar nunca en las medidas estructurales necesarias para la recuperación de nuestra economía, Fernández Ordóñez ha reconocido abierta y explícitamente que sólo hay un modo de recuperar la competitividad perdida de nuestra economía frente al exterior, a saber, aumentar la productividad a través de reformas estructurales en los ámbitos de la educación y formación y, sobre todo, en la reforma de las instituciones laborales.
Es obvio que las declaraciones del gobernador del Banco de España para atajar la recesión económica contradicen las posiciones del Gobierno. Y, precisamente, porque hasta ahora ha sido rarísimo hallar escisiones en el régimen ideológico impuesto por Zapatero para sacar rentabilidad política a la crisis económica, todos los medios de comunicación han puesto en evidencia los contrastes y las diferencias entre esas dos visiones. ¿Significa eso que se ha abierto una doble perspectiva para atajar la crisis en el seno del PSOE? ¿Quizá hallaríamos, por un lado, una posición populista que defiende a cualquier precio, incluido el empobrecimiento del país para una década, la compra del voto a cambio de subsidios; y, por otro lado, encontraríamos posiciones más proclives a aplicar medidas liberales, como se están llevando a cabo en otros países? En fin, ¿acaso hay un debate en el seno del Gobierno sobre las medidas estructurales a tomar para remontar en un par de años la situación económica?
Por desgracia, creo que esos interrogantes tienen que contestarse negativamente. Esas contradicciones son, por decirlo con lenguaje de la izquierda clásica, más aparentes que reales. Son un brindis al sol de Fernández Ordóñez para justificar su sueldo y la "relativa" independencia de su jefe, Zapatero. Más aún, es una prueba tan retórica como falsa que le brinda al Gobierno para que nadie acuse a la institución del Banco de España de actuar al dictado de La Moncloa. Además, y eso sí que es grave, ha aparecido el señor Montoro, el sabe-lo-todo en cuestiones económicas del PP, y lejos de darle la razón a Fernández Ordóñez –y, de paso, contribuir políticamente a mostrar las debilidades del Gobierno–, ha arremetido contra él con los mismos y pobres argumentos que utilizan el ministro de Trabajo y los sindicatos. ¡Vivir para ver!
A pesar de que la crítica de Fernández Ordóñez se utilice retóricamente para adornar el populismo socialista de Zapatero, no me voy a privar del capricho de ofrecerle una cita de la conferencia del Gobernador del Banco de España que me parece de lo más oportuna sobre nuestro ineficiente mercado de trabajo:
Los efectos perniciosos de contar con un mercado de trabajo tan ineficiente es que reduce el margen de mejora de la retribución real de los trabajadores. En los últimos años, la economía española se ha visto abocada a competir en el extranjero a base de mantener costes laborales reales bajos, lo que venía exigido por la baja productividad (...).
Estas singularidades de la situación de los trabajadores de nuestro país cuando se compara con otros desarrollados –más desempleo incluso en los mejores momentos, más rápido aumento del paro en las fases de ajuste...– coincide con una singularidad de nuestras instituciones laborales cuando nos comparamos con esos países. Podríamos detenernos a repasar todo aquello en lo que somos diferentes: la práctica imposibilidad de descolgarse de la negociación colectiva, la escasa participación de las remuneraciones en los beneficios empresariales, los mecanismos de indiciación salarial sin ninguna conexión con la situación de las empresas, la intervención del Estado por medio de autorizaciones preceptivas que las empresas aumenten su productividad.
Me fijaré sólo en una esas peculiaridades: la forma en que aseguramos la contingencia de la pérdida del empleo. España sigue con un tratamiento de la contingencia de desempleo que en su día fue parecido al de otros países europeos pero que todos ya han reformado en las últimas décadas. En nuestro sistema la ayuda al desempleado combina la prestación pública con el pago de una cantidad que se abona de una vez, relacionada con el tiempo que ha permanecido en una sola empresa. Ese pago corre a cargo de las empresas y no del Estado y, en ocasiones, constituye la parte más sustanciosa de la ayuda al desempleado. Todas esas particularidades provocan numerosas ineficiencias en el sistema, lo que determina una menor productividad y un rotundo fracaso en el objetivo de reducir el desempleo (...).
El hecho de que la protección frente al desempleo descanse en buena medida en una indemnización (lo que en términos coloquiales se llama costes de despido) a cargo exclusivamente del sector privado, introduce también numerosas distorsiones. La fundamental es el efecto de desanimar la creación de empresas y la contratación en general, cuestión que, si siempre es importante, lo es más ahora cuando se debe compensar la inevitable y masiva reducción del empleo en la construcción de viviendas con la creación de puestos de trabajo en otros sectores.