La campaña desatada por el Gobierno de Zapatero contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, simplemente por haber alertado éste sobre los riesgos que padece el actual sistema público de pensiones, pone en evidencia la reducida talla moral y política de este Ejecutivo que se alarma, no por la existencia de un problema, sino por el hecho de que se conozca y se denuncie. Ahora bien, una cosa es que aplaudamos las advertencias de Fernández Ordoñez sobre la insostenibilidad del actual sistema público de pensiones, y otra, muy distinta, que tengamos por ello que respaldar una serie de reformas que lo único que tratan de hacer es perpetuar el fraude institucional que, disfrazado de protección social, los españoles venimos padeciendo desde los tiempos de Franco.
Las pensiones de la Seguridad Social siguen el mismo esquema que cualquier estafa piramidal; el dinero que aportan los nuevos entrantes se utiliza para pagar a los que salen. Si deja de entrar suficiente gente al sistema no hay dinero con que pagar a los que salen, ya que el dinero que estos aportaron en su día no está invertido en nada, sino que se utilizó para pagar a los que salían del sistema en ese momento. El progresivo envejecimiento de la población y la pérdida de cotizantes como consecuencia del paro masivo derivado de la crisis económica no están haciendo más que acelerar y dejar en evidencia una insostenibilidad de principio.
Ante esta realidad proponer como solución, tal y como se ha hecho en otros países, el aumento de la edad de jubilación, la elevación del número mínimo de años que hay que cotizar para acceder a la pensión o la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones hasta llegar a toda la vida laboral, no es más que acometer nuevos fraudes para hacer sostenible un sistema de jubilación absolutamente liberticida e ineficiente. Estas "soluciones" no son de naturaleza distinta a la de reducir progresivamente la cuantía de la pensión hasta aproximarla a cero.
La verdadera solución no pasa por salvar el sistema publico de Seguridad Social a costa de los contribuyentes y de los pensionistas, tal y como propone Fernández Ordóñez, sino acometer una transición a un sistema competitivo de capitalización individual. A diferencia del actual y obligatorio modelo colectivista de reparto, el modelo de capitalización individual propio de los planes de pensiones privados nada tiene que ver con este tipo de coactiva estafa piramidal. El dinero que cualquier contribuyente –mejor dicho, cliente– aporta a su plan de pensiones no es utilizado por las entidades financieras para pagar las pensiones a sus clientes que ya están jubilados. El dinero aportado por cada cliente está a su nombre, invertido en lo que él elige, y el día que se jubile su pensión procederá de ese dinero que ha ido aportando durante su vida laboral más los rendimientos que les ha generado.
Por compleja que sea la transición, hay que acometerla, tal y como exitosamente se ha hecho en países como Chile y Australia. Que el Gobierno se niegue a reconocer el problema no convierte en solución las propuestas de Fernández Ordóñez para hacerlo sostenible.