"El incremento de las comisiones y de los intereses por impago debe acabar. Basta ya de letra pequeña y de condiciones confusas", denunciaba el presidente Obama la semana pasada para defender otra de las magníficas soluciones de su Gran Gobierno.
En esta ocasión pretendía luchar contra las maléficas tarjetas de crédito. Y es que estos instrumentos son el sueño de cualquier demagogo hecho realidad. ¿Qué mejor forma de ganarse el afecto de la opinión pública que cargar contra los bancos por la restricción del crédito? En el escenario de la moralidad pública, los acreedores son los malos y los deudores las víctimas desamparadas.
Pero pongámonos primero en su justo contexto: nadie tiene un derecho natural a poseer una tarjeta de crédito. Si hay personas que cuentan con ella es porque otras están dispuestas a asumir el riesgo de extenderla. Los bancos lo hacen para ganar dinero, no tiene nada de malo.
Piense en lo que supone una tarjeta de crédito. El consumidor dispone de un fácil acceso a préstamos personales que le permiten adquirir cosas de todo tipo (incluido las más urgentes) sin efectivo. Mientras pague las comisiones con puntualidad, disfrutará de un servicio fantástico a cambio de poco más. Y si por alguna circunstancia no pudiera pagar la totalidad de la factura, siempre tiene la opción de acordar una refinanciación de la deuda. Nada del otro mundo.
Para que apreciemos en toda su magnitud las tarjetas de crédito, conviene que recordemos que antes de que existieran los ciudadanos tenían que acudir a los bancos, las casas de empeño y los usureros para lograr préstamos personales. Las condiciones no eran demasiado flexibles ni livianas. Algunas personas compraban bajo fianza, lo que significaba que no se llevaban los productos a casa hasta terminar de pagarlos. Por no hablar de que los usureros rompían algunas piernas de vez en cuando. Las tarjetas de crédito no han creado las deudas de los consumidores, simplemente son un método mejor para endeudarse que los anteriores.
Siempre que Obama y otros políticos hagan demagogia sobre este tema, tenga presente dos cosas: la vida sería mucho más difícil sin tarjetas de crédito y los bancos no tienen por qué seguir concediéndolas.
El problema es que los políticos son demasiado miopes y tienen demasiada hambre de votos para reconocer todo esto. Ahora piden una "Declaración de derechos de los titulares de las tarjetas de crédito" que prohíba ciertas prácticas financieras como elevar las comisiones en las deudas pendientes.
Es lógico que estas prácticas no gusten a nadie, pero la competencia tiende a eliminarlas. Y en cuanto a las comisiones, no olvidemos que cuando los bancos refinancian las deudas, están concediendo un préstamo nuevo cada mes. Si se impide que los emisores de tarjetas adapten las comisiones a las condiciones económicas, probablemente les aplique a todos los clientes unos precios superiores para cubrirse del riesgo.
Todd Zywicki, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Mason y experto en crédito al consumo, señala que la industria de tarjetas de crédito es altamente competitiva. La red está llena de páginas que permiten comparar fácilmente los precios de cada una. La competencia ha presionado a los bancos a individualizar los riesgos por consumidor. Al principio, todos los titulares de tarjetas pagaban intereses más elevados que hoy más una comisión anual (una forma de esquivar las leyes contra la usura). Hoy las comisiones anuales han pasado a la historia. En general, las comisiones son más bajas. Los intereses por impago son molestos, pero no se cobran hasta que el titular lo provoca. Esto no equivale a decir que no haya empresas que no abusen del consumidor, pero como observa Zywicki, "ya disponemos de muchas herramientas para que tribunales y reguladores combatan las prácticas engañosas y fraudulentas caso por caso".
Los políticos asumen que desconocemos por completo las condiciones de las tarjetas. Sin embargo, Zywicki señala que la mayoría de la gente sí es consciente de las comisiones que paga y quienes más pagan tienen mayores incentivos para controlar el gasto y buscar alternativas.
La "Declaración de Derechos" parece diseñada para evitar que la gente se endeude demasiado. Esa motivación puede ser acertada, pero al Gobierno nunca se le ha dado demasiado bien promover este tipo de protecciones. Las leyes tienen consecuencias imprevistas que no podemos derogar; lo que el Gobierno da con una mano, lo quita con otra. Elevar los gastos de los bancos limitará el acceso de la gente de menor renta a las tarjetas y eso les empujará a formas de crédito más caras, como pueden ser los anticipos sobre la nómina.
Nunca he comprendido cómo se ayuda al pobre limitándole el número de opciones que tiene disponibles.