Nadie sabe muy bien cuáles son los criterios del proceso de negociación para financiar las comunidades autónomas. Pero después de la utilización torticera que de este "modelo" –por llamarle algo– está haciendo Zapatero, todo el mundo sabe que el resultado seguirá enfrentando a unas comunidades con otras. Un enfrentamiento del que, obviamente, salen perdiendo todos. Por otro lado, nadie debería de sorprenderse del asunto, si tiene en cuenta que el Título VIII de la Constitución lejos de ayudar a resolver este problema, en mi opinión, lo acrecienta.
En este contexto trágico-cómico, todos los agentes de la negociación tratan de sacar su mayor beneficio sin reparar, en principio, en el color político de cada una de las autonomías; así, igual que puede haber comunidades gobernadas por socialistas que están más próximas a otras dirigidas por el PP, igual puede suceder lo contrario con comunidades gobernadas por el PP respecto a las socialistas. Quizá el ejemplo más relevante de lo que digo sea el caso de Castilla-La Mancha. Seguramente, por eso, Barreda se ha enfrentado ya varias veces a Zapatero.
Hay, sin embargo, otro factor de gran calado político y de partido, que ha agudizado ese enfrentamiento entre Barreda y Zapatero. El asunto no tiene nada que ver con las finanzas sino con los sondeos electorales. El PP, según todas las encuestas, podría ganar en esa comunidad. La cuestión ha puesto muy nervioso a Zapatero, tan fuera de sí está el presidente que ha abierto mil frentes para cargarse a Barreda. Éste es consciente de que Zapatero quiere a otro candidato para esa comunidad en las próximas elecciones autonómicas. Los movimientos para desalojarlo del poder por parte de los suyos son múltiples y en todas las direcciones, incluso ya hay nombres de repuestos. Se habla del actual alcalde de Toledo, Emiliano García-Paje, un político curtido desde su más tierna juventud al lado de Bono, para sustituir al actual presidente.
Sea por razones nacionales, o sea porque se libra hace meses una dura batalla entre el inquilino de La Moncloa por un lado, y el morador en el antiguo palacio de Carlos V por otro, lo cierto es que Barreda ha sido claro contra Zapatero: no aceptará, en modo alguno, los factores de corrección a la financiación autonómica derivados del Estatuto de Cataluña, que sólo servirían "para financiar delegaciones o embajadas en el extranjero" de esta, cada vez más extraña y parasita, comunidad. He ahí un argumento clave, por otro lado, que comparte Barreda con otros presidentes de comunidades del PP.
En cualquier caso, nada que tenga que ver con la nueva financiación autonómica es edificante. Todo es políticamente cutre y ajado. Recuerda la España más aldeana. El espectáculo de la financiación autonómica no puede ser más triste. Enfrenta a unas comunidades con otras y, además, es utilizado por el aparato del PSOE en general, y especialmente por su líder Zapatero, para ajustar cuentas con los compañeros que no le caen bien, o mejor dicho, tienen criterios basados en la solidaridad para "lograr la igualdad" entre todos los españoles. Populismo y solidaridad casan mal, muy mal, en la mente de Zapatero.