Mucho cuidado con lo que se desea porque, a veces, se hace realidad. La marcha convocada por los sindicatos, dejando de lado su notable fracaso y la decreciente influencia de estas elites gubernamentales, pone de manifiesto el enfoque erróneo que está adoptando el debate social respecto al futuro de las pensiones españolas.
El sistema de la Seguridad Social –la caja única que abona las prestaciones de los jubilados presentes con el dinero de los trabajadores presentes– es un modelo de reparto o redistribución condenado a la miseria y quiebra más absoluta por una cuestión de mera aritmética poblacional. Simplemente, es insostenible, ya que el número de jubilados futuros será muy superior al de afiliados futuros. La escasa natalidad y el progresivo envejecimiento de la población causará, más temprano que tarde, un déficit estructural en la hucha de las pensiones.
Es decir, números rojos o, dicho de otro modo, lo que pagan los contribuyentes no alcanzará para mantener el actual nivel de prestaciones. Esto es un hecho, reconocido ahora por el Gobierno, pero avalado desde hace años por la mayoría de economistas y organismos internacionales. De hecho, todos los países con un sistema de reparto similar al español sufren la misma dolencia: la insostenibilidad de las pensiones públicas. Así pues, no es de extrañar que los gobiernos vecinos, desde Francia a Italia, pasando por Alemania o Reino Unido, entre otros, hayan planteado reformas similares.
Tan sólo hay dos opciones para mantener el actual modelo de reparto. En primer lugar, tal y como ha planteado el Gobierno, retrasar la edad de jubilación y ampliar el período de cálculo para recortar la cuantía a percibir. En resumen, trabajar más y cobrar menos.
Claro que también existe una segunda opción, si cabe mucho pero que la anterior. Y ésta es, precisamente, la salida que buscan los sindicatos. Aumentar los impuestos para financiar las pensiones. De este modo, una porción del coste se financiaría mediante los Presupuestos Generales del Estado.
Así, el sistema ya no sólo se sufragaría con las cotizaciones que pagan empresarios y autónomos (un impuesto sobre el trabajo) sino que, además, precisaría de nuevos y crecientes recursos públicos para mantener el actual modelo más o menos a salvo. Es decir, o bien los contribuyentes pagan muchos más impuestos o bien la Administración Pública redirige partidas presupuestarias enteras a pagar pensiones (algo que no va a suceder). De este modo, el rechazo al denominado "pensionazo" bien podría acabar con algo mucho peor, la aplicación de un "impuestazo" destinado a vaciar, aún más, el bolsillo de los contribuyentes.
El debate está mal planteado en origen. La pregunta clave no es "sí" o "no" a la reforma que plantea el Gobierno sino la valentía o no de apostar por una cambio de modelo, pasando de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual en el que cada trabajador pueda disfrutar en el futuro de los ahorros acumulados a lo largo de su vida laboral.
En lugar de rechazar la reforma, lo importante es abrir un debate serio sobre la posibilidad de iniciar una "transición sensata hacia el sistema de capitalización personalizada de las aportaciones de cada trabajador, con un fondo de solidaridad intrageneracional (y no intergeneracional) que cotice por quienes no puedan", tal y como plantea la Asociación para la Reforma de las Pensiones.
Un sistema de estas características no sólo garantizaría la sostenibilidad del sistema sino que, además, permitiría a los trabajadores de hoy jubilarse con una pensión digna, cuya cuantía media se situaría en 3.500 euros al mes. No apostar por este modelo condenará, sin remedio, a la miseria a los contribuyentes y jubilados del futuro.