Rodríguez Zapatero vuelve de Bruselas con la agenda llena de deberes, como un colegial que lleva tiempo incumpliendo sus obligaciones. La Unión Europea y el FMI han exigido que España presente la semana que viene un plan adicional de recorte de gasto público como primera medida para estabilizar la crisis que está sufriendo la zona euro. A cambio se comprometen a movilizar 750.000 millones de euros para rescatar a los miembros que entren en suspensión de pagos. Como brillantemente señala Juan Ramón Rallo en Libertad Digital, si restamos a esa cifra el valor de la deuda pública de Grecia y Portugal, quedan 280.000 millones de euros, que coincide con lo que se rumoreaba que había pedido España al FMI para refinanciar los vencimientos de deuda de este año. Zapatero calificó de "absoluta locura" el rumor de que España necesitaría un rescate por parte del FMI y de la UE, y aquí lo tenemos.
Empleando la excusa de que la huida de inversores de España era una maniobra de los malvados especuladores para hundir a su Gobierno, Rodríguez Zapatero solicitó comparecer el miércoles ante el Congreso para explicar la situación. Supongo que nos aclarará por qué dijo que era una absoluta locura que el FMI y la UE fueran a financiar deuda pública española. El Gobierno insiste en presentarse como víctima de la crisis de deuda pública, como si no fuera él quien ha aumentado el gasto público hasta el borde del colapso. El propio presidente ha dicho que no hagamos caso a los mercados, ya que lo importante son las cifras. Ignoro si se refería a la tasa de paro del 20%, los dos años de recesión o el déficit del 12% del PIB en las cuentas públicas.
El Gobierno ha contagiado a muchos medios de comunicación y formadores de opinión su pataleta contra las agencias de calificación. Ha bastado con que rebajen la nota a la deuda pública española para que pasen a ser los nuevos chivos expiatorios. La última ocurrencia de Zapatero, respaldada por varios líderes de la UE, es la de crear una nueva agencia "europea y pública". Es decir, que la controlen los gobiernos. Cuando una empresa que se dedica a calificar la salud financiera de unas cuentas públicas que tienen un agujero del 12% del PIB –casi la mitad del gasto público total– decide que la solvencia no es la óptima, la solución es crear una nueva agencia y nos ponemos a nosotros mismos la nota máxima. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes?
Cuando el miércoles suba Zapatero a la tribuna del Congreso a explicar por qué viene de Bruselas, como colegial irresponsable, con la mochila llena de tareas, ya sabemos cómo se va a excusar. Dirá que la necesidad de que el FMI y la UE tengan que salir al rescate no se debe a la mala gestión de las cuentas públicas, ni al hecho de tener la economía colapsada, incapaz de generar empleo. El verdadero problema es que las agencias de calificación le han cogido manía.