Tras años de estéril "diálogo social", y ni siquiera cuando Zapatero nos ha querido hacer creer que pretende reducir el déficit público, el Gobierno ha sido capaz de incluir en su increíble plan de ajuste una medida que, como la profunda liberalización de nuestro mercado laboral, permitiría estimular la contratación y, con ella, obtener tanto una reducción de los gastos del Estado como un aumento de sus ingresos. El estímulo de la creación de empleo no sólo es la mejor política "social", sino también la mejor política fiscal.
El supuesto tijeretazo con el que el Gobierno consolida en realidad buena parte del despilfarro publico mantiene la existencia de ministerios inútiles, las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos, las ayudas a empobrecedores y liberticidas regímenes del tercer mundo, el ineficiente sector energético o la barra libre al gasto municipal y autonómico. Con todo, el hecho de que tampoco incluya medida alguna para acabar con la suicida rigidez laboral que está destruyendo nuestro mercado laboral ya sería suficiente para rechazar de plano esa ficción con la que el Gobierno quiere hacernos creer que va a reducir drásticamente el diferencial entre lo que ingresa y lo que gasta.
El Gobierno, a diferencia de esas otras muchas carencias de su decreto, ha querido, no obstante, disimular esta última dando unas semanas más para que patronal y sindicatos logren el acuerdo al que no han llegado en años. Ese plazo se supone que acababa este lunes 31 de mayo, por lo que era de esperar que el viernes de la semana que viene Zapatero asumiera de una vez sus responsabilidades de gobierno y aprobara en Consejo de Ministros su propia reforma.
Este lunes, sin embargo, la ministra Salgado ha anunciado que el margen de negociación se amplía a todo junio antes de que el Ejecutivo decida aprobar "sus iniciativas" de forma unilateral. Como por todos es sabido, la razón por la que ni siquiera ahora el Gobierno asume sus responsabilidades en este terreno y prefiere alargar la agonía tanto de los desempleados como las de nuestras cuentas públicas, no es otra que el temor a que los sindicatos cumplan su amenaza de organizarle una huelga general.
Aunque no descubra mucho con ello, yo no me acostumbro a que, con la que está cayendo, la única protesta a la que pueda temer el Gobierno sea la de quienes son, junto con el propio Ejecutivo, los principales responsables de la ruina que estamos padeciendo. Estos inmovilistas y privilegiados sindicatos, junto con los gobiernos que se lo consienten, son el principal foco de agresión a los derechos de los trabajadores, no ya sólo por que vivan de sus impuestos, sino porque usurpan derechos civiles tan elementales como los de aceptar o rechazar las condiciones de su trabajo. ¿Quién es un dirigente sindical para impedir a un desempleado trabajar en función de lo mucho o poco que suponga la cuantía de su eventual despido? ¿Cómo tienen la desfachatez de abanderar los derechos de los trabajadores cuando son ellos los que les impiden el más elemental de todos ellos como es el de poder decidir por sí mismos?
El hecho, sin embargo, es que los sindicatos, que negaron la realidad de la crisis con tanta desfachatez como lo hizo el Gobierno, y que son tan responsables como él de la misma, parecen ser los únicos con el derecho a protestar. Bien es cierto que el país no está para huelgas y que las víctimas no deben secundar protestas convocadas por sus verdugos. Pero lo que es delirante es que las victimas de la crisis y el principal partido de la oposición dejen ese vacío sin ocupar, permitiendo que lo ocupen, por el contrario, los que nos han llevado, junto al Gobierno, a esta situación.
Al PP parece que le basta con que el malestar ciudadano sólo se exprese en los sondeos electorales. Sin embargo, para aprovecharse de esa diferencia que ahora le dan sobre el PSOE y, sobre todo, para impedir que la agonía se alargue dos años más, deberían ser los primeros en manifestarse y en forzar en la calle un adelanto electoral. Lo demás es arriesgarse a que la pedagogía de la crisis –valga la expresión– la hagan los que nos han llevado a ella. Dos años más es demasiado tiempo. Pueden pasar demasiadas cosas, incluido, como diría Ortega, el retorno de los que causaron el trastorno.