La canciller alemana, Angela Merkel, ha anunciado este lunes el mayor paquete de ahorro en la historia de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, por un volumen de 80.000 millones de euros, hasta el año 2014 y con un ahorro presupuestario de más de 11.000 millones ya para el año próximo. Dicho plan prevé una reducción de 10.000 puestos de funcionarios del Estado y la rebaja de un 2,5% del sueldo al resto.
Así mismo, el secretario de Estado para la función pública de Francia, Georges Tron, confirmaba hace poco más de un mes al rotativo Les Échos que su gobierno suprimirá la mitad de las plazas de los funcionarios que se jubilen este año. En el caso francés, además, con 2,5 millones de funcionarios, el empleo público se viene reduciendo, en realidad, desde 2007, año en que Sarkozy accedió a la presidencia. Aquel año ya se esfumaron 11.000 puestos públicos, a los que siguieron 28.000 en 2008 y 30.600 en 2009. Este año el gobierno suprimirá otros 34.000.
En España, sin embargo, los últimos datos de la Encuesta de la Población Activa revelan que los asalariados públicos entre enero y marzo alcanzaron 3,088 millones, es decir 58.900 más que un año antes. Y es que, a pesar de que la administración central perdió 23.800 efectivos respecto al primer trimestre de 2009, las comunidades autónomas parecen hacer oídos sordos a las peticiones de austeridad de los organismos internacionales e incrementaron sus asalariados en 82.200 empleados
Que ante estos datos, y desde un partido como el PP, que supuestamente considera tardío, injusto y, sobr etodo, insuficiente el "plan de ajuste" del Gobierno, nos salga ahora González Pons afirmando que "en España no sobran funcionarios, sino políticos innecesarios", ya son ganas de incluirse, mediante la más burda demagogia, en este último grupo.
Naturalmente que en España sobran también una enorme cantidad de políticos, cosa de la que, al igual que el alto número de funcionarios en general, tiene buena parte de la culpa el Estado autonómico, ese del que, por cierto, Pons dice también que ofrece "un balance extraordinariamente positivo". Pero cuando uno de cada cinco asalariados en nuestro país es funcionario, y el número de estos ya es en España un 25 por ciento superior al de toda la industria, negar que tengamos una administración pública sobredimensionada son simples e irresponsables ganas de negar la realidad.
En ningún momento he cuestionado el derecho, incluso el acierto político del PP, de votar en contra de un supuesto recorte del déficit que, además de insuficiente, el Gobierno de Zapatero se ha negado a negociar con el partido que con más insistencia lo ha venido reclamándolo y al que ni siquiera le ha permitido votar medida por medida. Tampoco en ningún momento he considerado que el PP haya incurrido en el populismo ni haya sobrepasado por la izquierda al PSOE por el hecho de no apoyar ahora una medida que el PP nunca ha reclamado como es la congelación de las pensiones.
Reconozco que el PP de Aznar, teniendo que enfrentarse a una prima de riesgo de nuestra deuda aun mayor que la que ahora padecemos, pudo meter en vereda nuestras descontroladas cuentas públicas sin necesidad de congelar las pensiones ni siquiera que reducir el salario de los funcionarios. Aunque yo esté a favor también de estas últimas, he leído en este mismo diario propuestas de reducción del déficit muy distintas a las aprobadas por el Gobierno y que permitirían coherentemente votar en contra de la propuesta por Zapatero, que, a la vista está, no tranquilizan en absoluto a los inversores.
Ahora bien, una cosa es oponerse a un plan de reducción del déficit por la escasa cuantía y la injusta jerarquía de sus recortes, y otra cosa, muy distinta, oponerse a ese plan recurriendo a una retórica propia de los que se oponen a cualquier clase de ajuste. Esto no es más que populismo y demagogia, de los que estamos tan sobrados como de funcionarios y políticos innecesarios.