El plan de ahorro anunciado por la canciller alemana y los nuevos impuestos que han aprobado las comunidades autónomas socialistas son dos de las noticias que más protagonismo han tenido esta semana en la prensa, y que bien puede servirnos para reflexionar –cuantas más veces mejor– sobre el despilfarro que supone el actual estado autonómico en nuestro país.
El ahorro presupuestario de 80.000 millones de euros anunciado por Merkel hasta 2014, que ya fija un recorte de 11.000 millones para el año próximo y que contempla la reducción de 10.000 puestos de funcionarios del Estado y la rebaja de un 2,5% del sueldo al resto, ha sido considerado como el mayor paquete de ahorro en la historia de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Pues bien. Dicho recorte de gasto aun es menor que el que nos ahorraríamos en España si todas las comunidades autónomas se limitaran a gastar tal y como lo hacen las tres más eficientes de ellas.
Según el silenciado –que no refutado– estudio El coste del estado autonómico, publicado recientemente por la Fundación Progreso y Democracia, si las comunidades simplemente mejoraran sus prácticas de gestión y siguieran un modelo, no ideal o teórico, sino el que hecho ya llevan a cabo las tres regiones menos despilfarradoras en gasto de personal y ordinario, nos ahorraríamos un mínimo de 24.000 millones de euros al año.
Los desmanes, despilfarros y gastos de este Leviatán de 17 cabezas abarcan la creación de organismos que ya preexistían a nivel estatal, como defensores del pueblo, cámaras o sindicaturas de cuentas, defensores del menor, consejos consultivos, institutos de estadística, consejos de consumidor, agencias de protección de datos, inconstitucionales y suntuarias embajadas en el exterior, institutos de meteorología y un sinfín de organismos y empresas públicas autonómicas que constituyen una auténtica dilapidación del dinero del contribuyente.
Mención especial merecen las ruinosas televisiones autonómicas que, dejando al margen el sectarismo ideológico de muchas de ellas, son un auténtico lastre para el contribuyente. En muchos casos, y al margen de las cadenas locales, no hay uno, sino dos y hasta tres canales de televisión por autonomía, a pesar de que su déficit, según la consultora Deloitte, ya alcanzaba en 2008 los 1.600 millones de euros.
Junto a organismos que se deberían suprimir como los ya mencionados, hay otros que, como los propios parlamentos autonómicos, deberían reducir drásticamente su gasto. ¿Es de recibo que el gasto medio de un diputado del parlamento catalán, por ejemplo, cueste casi el doble de lo que cuesta un diputado nacional, representante este último de un numero muchísimo mayor de ciudadanos?
Si España es uno de los pocos países –sino el único– de la OCDE que ha visto crecer el número de funcionarios en plena crisis económica se debe en exclusiva al estado autonómico que ya emplea a más de la mitad de ellos. Aunque el autonómico no debe ser excusa para justificar el que también se da en el ámbito de la administración central y local, es evidente que el recorte debe empezar por donde es mayor el despilfarro. Pero a la vista está que, lejos de ello, aquí no hay nadie dispuesto a ponerle coto. En lugar de esto se consolida con demagógicos impuestos a "los ricos" y no menos falaces apelaciones a la necesidad de reducir el déficit.