Ayer martes fue un día señalado en la Cámara Alta. El portavoz de los populares en el Senado retaba al presidente del Gobierno a consensuar un gran pacto de Estado que abordase una reforma en profundidad del sector público, encaminado a evitar duplicidades, disfunciones y gastos innecesarios; para asombro de muchos, el retado recogía el guante al tiempo que pedía coherencia a su adversario.
Parece sorprendente la propuesta de García Escudero por cuanto no es la administración popular, allí donde la ejercen, precisamente un modelo de austeridad de gasto. La ciudad de Madrid tiene una deuda estratosférica comparada con la de otras capitales españolas y lo mismo acaece en las comunidades autónomas gobernadas por los populares. De este modo se torna poco creíble la afirmación de Pío García. Mal año hemos elegido para tan enjundiosa empresa. Parece de ciencia ficción que en un año electoral se vayan a sentar Gobierno y oposición a dilucidar cómo ajustar el tamaño del Estado en sus distintas administraciones y empresas públicas.
Sólo el sistema universitario español cuesta al contribuyente alrededor de doce mil millones de euros, para lograr una tasa de fracaso que dobla la media de la Unión Europea. El sistema público de educación primaria y secundaria obligatoria ronda los cuarenta mil millones de euros, en cambio la calidad de nuestro sistema se halla al nivel de Uzbekistán. El Estado en su conjunto tiene un grave problema de eficacia en su acción directa, y un problema irresoluble de falta de eficiencia en la labor que desempeña. Es necesario, y en tiempos de crisis todavía más, que nos replanteemos el modelo de Estado tendente al crecimiento infinito con que nos obsequian los dos partidos mayoritarios allá donde gobiernan.
Otro punto de despilfarro en el que coinciden todos es el atinente a las televisiones públicas, autonómicas y nacionales. Los partidos siempre quieren cerrar las del vecino porque creen que no les hacen justicia, en cambio, nadie se plantea cerrar aquellas cuya titularidad ostenta. Por ejemplo: Televisión Española nos ha costado a los españoles más de diez mil millones de euros, Canal 9, la televisión pública valenciana, más de tres mil millones de euros en los últimos años, Canal Sur la friolera de más de cinco mil en pérdidas acumuladas; y lo que es peor, actualmente el sistema de televisiones públicas nos cuesta más de cuatro mil millones de euros al año a los españoles.
Me desalienta ver que partidos de todos los colores se aferran al gasto público como tabla de salvación de sus propios problemas, aunque esto conlleve la asfixia fiscal del ciudadano. Determinados servicios deben ser gratuitos, como la educación o la sanidad en determinados casos, pero la condición de públicos lejos de convertirlos en accesibles los transforma en ruinosos. Por eso no me fío ni de Escudero ni de Zapatero, ambos siguen hablando de lo público cual ministros de épocas pasadas. Si bien, siempre me queda la esperanza de que sea la Unión Europea la que acabe imponiendo un poco de cordura en esta pantomima que nos sale tan cara.