Todo rescate público es inmoral, ilegítimo, inútil e ineficaz. Si una empresa se ha hundido y no puede hacer frente a sus compromisos financieros entra en suspensión de pagos (concurso de acreedores en España), un proceso por el que negocia con sus acreedores la liquidación de activos y un determinado calendario a fin de cumplir en la medida de lo posible sus pagos pendientes. El empresario perderá su inversión, el banco parte del préstamo y los accionistas el valor de sus acciones. A esto se le llama reestructuración de deudas. El negocio inviable se disuelve, se depuran las malas inversiones y el capital disponible en la economía se dirige hacia proyectos más rentables, empezando así de cero. Esto es lo sano, lo justo y eficiente.
¿Es lógico que la empresa quebrada pague su deuda con un nuevo crédito (más deuda) si el negocio es del todo inviable? La respuesta es, evidentemente, no. Cubrir deuda incobrable con más deuda tan sólo alarga la agonía y retrasa temporalmente la sana y necesaria reestructuración. Y, sin embargo, es justo lo que acontece desde el pasado mes de mayo con los ya famosos rescates soberanos ideados por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El caso de Irlanda es todo un paradigma. Su banca quebró tras el estallido de la crisis inmobiliaria y, pese a su enorme tamaño (casi 10 veces el PIB nacional), el Gobierno de Dublín se empeñó en salir al rescate con el dinero (impuestos y deuda pública) de sus contribuyentes. Pero la banca irlandesa ha demostrado ser "demasiado grande para ser rescatada", al menos, por su Gobierno. Las incesantes pérdidas bancarias obligaron a Dublín a inyectar un creciente volumen de dinero, incurriendo así en un déficit público insostenible (32% del PIB en 2010). Como resultado, el Estado celta también entró en quiebra.
Es entonces cuando entra en acción el Fondo de rescate, dotado con 750.000 millones de euros, y la ayuda exterior de Dinamarca, Suecia y Reino Unido. Ya no serán los contribuyentes irlandeses los que salven a su banca, sino los europeos y estadounidenses (FMI) mediante un préstamo de 85.000 millones de euros. ¿Por qué? Básicamente porque la quiebra de Irlanda (bancos y deuda pública) provocaría grandes pérdidas en los bancos británicos y algunos europeos. Así pues, la dinámica sigue siendo la misma: los Gobiernos extranjeros prestan dinero al irlandés para que éste salve a su banca y pueda devolver la deuda pública a fin de no causar pérdidas en las entidades foráneas.
Pero volviendo de nuevo al principio, ¿quién devolverá esos 85.000 millones de euros? El contribuyente irlandés. No por casualidad, Dublín ha aprobado un sustancial aumento de impuestos. De hecho, en realidad, tan sólo deberán devolver al extranjero 67.500 millones de euros, ya que los restantes 17.500 millones proceden del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es decir, de la hucha de los pensionistas irlandeses. Finalmente, parece que su pensión (en ese caso la de los irlandeses) salvará a la banca.
Aún así, es probable que el rescate irlandés no sea devuelto. Grecia quebró hace tiempo y sobre Irlanda existen numerosas dudas al respecto. No obstante, el fondo de rescate ya no presta dinero a tres años, tal y como se estableció inicialmente en mayo, sino a diez. La UE y el FMI han acordado alargar los plazos de devolución a Atenas y a Dublín ante la improbabilidad de recuperar todo el dinero prestado. La cuestión es que si, finalmente, no pagan y, por tanto, tanto Grecia como Irlanda terminan suspendiendo pagos, las pérdidas ya no afectarán tanto a los bancos foráneos sino, sobre todo, a los contribuyentes europeos y estadounidenses, al menos hasta 2013.
Bonito artilugio el de los rescates soberanos. El escándalo es de tal calibre que el Gobierno alemán ha insistido una y otra vez en la necesidad de que los acreedores (bancos) asuman su responsabilidad mediante quitas y reestructuración de deuda por sus ruinosas inversiones (créditos a bancos y gobiernos periféricos), ante la creciente indignación del contribuyente germano. Por ello, Alemania no quiere ampliar el fondo de rescate en caso de que también caiga España o algún otro país miembro. Pero aún así, llegados a este punto, cabe otra posibilidad que cada vez suena con más fuerza: si Merkel se niega, que lo haga Trichet.
El BCE está recibiendo fuertes presiones para que se haga cargo de la factura. De este modo, en caso de impago, las pérdidas se diluirán de forma equitativa, igualitaria y social entre todos los ciudadanos de la zona euro. Y es que, la monetización de deuda pública envilecerá el euro, provocando a la larga inflación, restando, en definitiva, riqueza a todos por igual. ¿No es fantástico? Merkel debería imponer su criterio cuanto antes y evitar este expolio masivo implantando ya su plan de quiebra ordenada de países. A su vez, los bancos afectados podrían sobrevivir convirtiendo a sus acreedores en accionistas. Por desgracia, dudo mucho de que los burócratas de la UE y el FMI apuesten por esta vía. Más que nunca, todo parece indicar que, una vez más, "pagarán justos por pecadores".