En algún artículo anterior ya he señalado la escasa credibilidad que debemos otorgar al compromiso del PP de fijar un tope al gasto y endeudamiento municipal, autonómico y central, con el que Rajoy quiso despachar la decisiva cuestión planteada por Aznar sobre la insostenibilidad del actual modelo autonómico. A la falta de concreción de Rajoy a la hora de señalar cuál sería ese "tope", se suma el elocuente hecho de que dos de los tres municipios más endeudados de nuestro país, así como dos de sus tres comunidades autónomas más endeudadas, están gobernadas por el PP. Pero, por si esto fuera poco para dudar de la supuesta determinación de Rajoy de embridar el endeudamiento de las diferentes administraciones públicas, este mismo jueves el Partido Popular ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para que los ayuntamientos puedan seguir endeudándose por encima de la liviana limitación que el Gobierno de Zapatero ha establecido en los presupuestos del 2011.
Así lo ha anunciado este jueves la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el coordinador de Política Autonómica y Municipal del PP, Juan Manuel Moreno, tras una reunión de ocho alcaldes del PP con su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, quienes han despotricado contra la limitación impuesta durante este año a los municipios a la hora de pedir nuevos prestamos si su deuda total ya supera el 75% de los ingresos liquidados.
Mucho se puede criticar de esta escasa limitación que sólo va a afectar a los consistorios más manirrotos de nuestro país –como los que presiden Gallardón, la propia Rita Barberá o el socialista Juan Alberto Belloc–; más aun si tenemos en cuenta que supone una modificación de la prohibición que el Ejecutivo había establecido en mayo a todos los consistorios, con independencia de su nivel de endeudamiento, y desde esa misma fecha hasta 2012. Al ceder a las presiones de los ayuntamientos, el Ejecutivo no sólo relajó en demasía su limitación sino que, al retrasar su entrada en vigor a enero del 2011, contribuyó a que muchos ayuntamientos aprovecharan la prórroga para pedir nuevos créditos sabiendo que a partir de enero ya no podrían hacerlo. También podemos criticar el agravio comparativo frente a la barra libre en la que viven las comunidades autónomas.
Ahora bien, ninguna de estas u otras objeciones que le pudiéramos hacer a la limitación del endeudamiento municipal ampara los impresentables argumentos de quienes, desde el PP, reclaman la posibilidad de que los municipios puedan seguir huyendo de su realidad financiera mediante un endeudamiento que grava a sus ciudadanos, presentes y futuros, tanto como perjudica la imagen de solvencia de nuestro país.
Tal es el caso del coordinador de Política Autonómica y Municipal del PP, Juan Manuel Moreno, quien para justificar su injustificable recurso ante el Constitucional ha dicho que la limitación impuesta "vulnera el principio de igualdad". Esto es radicalmente falso. Podremos cuestionar la laxitud o severidad, incluso la arbitrariedad, del criterio establecido por el que unos municipios podrán seguir endeudándose y otros no, pero esto en modo alguno vulnera la igualdad ante la ley si este criterio se aplica a todos los municipios por igual. Además, hay que ser caradura para decir que la limitación establecida por el Gobierno a los consistorios supone que "no hay los mismos derechos por parte de distintos ciudadanos dependiendo de la ciudad donde viven". Vamos, como si el endeudamiento de los ayuntamientos, lejos de ser una carga para sus vecinos, fuera un derecho de los mismos.
No menor desfachatez ha mostrado Rita Barberá con sus melodramáticas declaraciones, en las que ha asegurado que los ayuntamientos están asumiendo competencias que no les corresponden, muchas de ellas de carácter social, como las entregas de comida a los necesitados.
Para empezar, el hecho de que los ayuntamientos asuman competencias que no le corresponden no siempre es digno de elogio. Y cuando lo es, lo que hay que hacer es dotar a los consistorios de capacidad recaudatoria para atenderlas. Se trata, pues, de llevar a cabo reformas estructurales que doten de competencias y capacidad recaudatoria a los ayuntamientos, que bien podrían llevarse a cabo –dicho sea de paso– en detrimento de las que ahora gozan las comunidades autónomas. Lo que hay que hacer, pues, es una reforma que racionalice y suprima duplicidades en los distintos ámbitos de la administración pública. Lo que no se puede es evitar la reforma, huyendo de la realidad, mediante la chequera del endeudamiento.
Pero es que, además, nadie debería llevarse a engaño: las deficiencias financieras de los ayuntamientos en modo alguno deben encubrir el despilfarro, las pulsiones faraónicas y las redes clientelares que se están llevando a cabo en muchos ayuntamientos de España. Valencia tal vez sea la ciudad de toda España a la que más dinero público se ha destinado procedente de fuera de su municipio. A la vampirización de las provincias de Alicante y Castellón, hay que recordar que, en beneficio de su consistorio, la Comunidad Valenciana es, tras Cataluña, la autonomía más endeudada de España. A eso hay que sumar que el propio consistorio valenciano, para perjuicio en este caso de sus habitantes, es también, tras Madrid, el más endeudado. Pero Doña Rita, está visto, no tiene suficiente y pide más madera... Ya se sabe, hay que comprar mucha comida para los más necesitados. Sólo espero que Rajoy no termine cantando a la famélica legión.