No es el ahorro energético lo que impulsa al Gobierno a reducir improvisada y temporalmente los límites de velocidad, sino una voracidad fiscal insaciable.
Ignacio Cosidó
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berdonio dijo el día 7 de Marzo de 2011 a las 16:15:
Las multas de tráfico son meramente recaudatorias, un fin en sí mismas, y no un medio dirigido a garantizar la seguridad vial. Es decir, estamos ante una escandalosa DESVIACIÓN DE PODER, abuso de la autoridad del Estado para fines espurios y distintos de los designados por la ley, cuando no una genuina prevaricación. La excusa de la seguridad se convierte en coartada para el saqueo al ciudadano.
La Guardia Civil, cual modernos salteadores de caminos azuzados por el poder político, tiende auténticas trampas para penalizar no a los conductores más peligrosos sino a los más autónomos a fuer de seguros, a los más dotados de criterio e iniciativa para adaptarse a las circunstancias. Se señaliza de manera irracional y arbitraria, confundiendo velocidad inadecuada a condiciones concretas de la vía con excesiva; no se pondera el debido equilibrio entre seguridad y eficacia; no se vigilan las zonas de más riesgo de accidente, sino las de más afluencia y fácil emboscada; se colocan rádares a la altura de la señal limitadora que causan bruscas frenadas; se compromete gravísimamente la seguridad al obligar a estar más pendiente del cuentakilómetros que de la carretera; se coacciona a los agentes para que cumplan objetivos de recaudo; se chantajea para impedir recursos a los tribunales; se imponen sanciones desproporcionadas de más de la mitad del salario mínimo la más leve.
Espero que en las próximas elecciones no se olvide qué políticos roban al ciudadano el pan de sus hijos transformado las multas en un encubierto y desmedido impuesto de circulación para financiar despilfarros y privilegios.
Los accidentes los causan calzadas en mal estado, deficientes infraestructuras, las distracciones, el cansancio, el agobio, no mirar o saltarse un “stop”, factores todos ellos indetectables para un radar, a los que ahora hay que añadir la indignación que produce ser expoliado impunemente por el gobierno. Rebasar un diez por ciento unos límites a la baja no representa ningún peligro por sí solo, bien al contrario, se acentúa la alerta y la atención, pero ir obsesionado por el velocímetro sí que aumenta notablemente el riesgo.
Hay una manera muy sencilla de acabar con las ilegales intenciones recaudatorias: la retirada de puntos es medida disuasoria más que suficiente y, en cualquier caso, que se destine el dinero a Cáritas o se devuelva al contribuyente, no a engañosas partidas presupuestarias diluidas en la caja única del Estado.
Las multas de tráfico son meramente recaudatorias, un fin en sí mismas, y no un medio dirigido a garantizar la seguridad vial. Es decir, estamos ante una escandalosa DESVIACIÓN DE PODER, abuso de la autoridad del Estado para fines espurios y distintos de los designados por la ley, cuando no una genuina prevaricación. La excusa de la seguridad se convierte en coartada para el saqueo al ciudadano.
La Guardia Civil, cual modernos salteadores de caminos azuzados por el poder político, tiende auténticas trampas para penalizar no a los conductores más peligrosos sino a los más autónomos a fuer de seguros, a los más dotados de criterio e iniciativa para adaptarse a las circunstancias. Se señaliza de manera irracional y arbitraria, confundiendo velocidad inadecuada a condiciones concretas de la vía con excesiva; no se pondera el debido equilibrio entre seguridad y eficacia; no se vigilan las zonas de más riesgo de accidente, sino las de más afluencia y fácil emboscada; se colocan rádares a la altura de la señal limitadora que causan bruscas frenadas; se compromete gravísimamente la seguridad al obligar a estar más pendiente del cuentakilómetros que de la carretera; se coacciona a los agentes para que cumplan objetivos de recaudo; se chantajea para impedir recursos a los tribunales; se imponen sanciones desproporcionadas de más de la mitad del salario mínimo la más leve.
Espero que en las próximas elecciones no se olvide qué políticos roban al ciudadano el pan de sus hijos transformado las multas en un encubierto y desmedido impuesto de circulación para financiar despilfarros y privilegios.
Los accidentes los causan calzadas en mal estado, deficientes infraestructuras, las distracciones, el cansancio, el agobio, no mirar o saltarse un “stop”, factores todos ellos indetectables para un radar, a los que ahora hay que añadir la indignación que produce ser expoliado impunemente por el gobierno. Rebasar un diez por ciento unos límites a la baja no representa ningún peligro por sí solo, bien al contrario, se acentúa la alerta y la atención, pero ir obsesionado por el velocímetro sí que aumenta notablemente el riesgo.
Hay una manera muy sencilla de acabar con las ilegales intenciones recaudatorias: la retirada de puntos es medida disuasoria más que suficiente y, en cualquier caso, que se destine el dinero a Cáritas o se devuelva al contribuyente, no a engañosas partidas presupuestarias diluidas en la caja única del Estado.