En la resolución publicada este martes del Consejo de la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) que se celebró el pasado jueves se especifica que los operadores habían pedido que se rectificaran y se devolvieran los pagos de abril, julio y octubre de 2010 que habían realizado en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, sobre financiación de la CRTVE, informa EFE.
Estos pagos ascendieron a 15,04 millones de euros cada uno en el caso de Telefónica España y a 13,65 millones cada uno en el caso de Telefónica Móviles. El importe que abonó Vodafone en cada pago ascendió a 11 millones de euros, mientras que Orange abonó en cada uno de los meses una cantidad 6,46 millones de euros. En total, en 2010 las operadoras han pagado por estas liquidaciones 138 millones de euros.
Las empresas alegan que la ley de financiación del ente público de radio y televisión podría adolecer de "vicios de constitucionalidad" que irían contra los preceptos del artículo 31.1 de la carta magna española. Por otro lado, aseguran que la configuración del gravamen no tenía relación con el hecho imponible, ya que los ingresos que declararon por publicidad eran menores que la cantidad que debían pagar a la corporación.
Además, las compañías defienden en sus reclamaciones que el modelo de financiación de la corporación de RTVE recogido en esta ley no respetaba los principios de la directiva comunitaria 2002/20/CE, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
La CMT, sin embargo, ha acordado desestimar estas reclamaciones porque los pagos son "plenamente conformes a derecho" y porque no puede dejar de aplicar los preceptos de una ley o un reglamento "por ser presuntamente inconstitucionales so pretexto de que los mismos perjudican" los intereses legítimos de las operadoras.
Asimismo, recordó que esta normativa es de obligada aplicación por parte de la Administración y que el veredicto sobre los "vicios de constitucionalidad" está reservado a la jurisdicción ordinaria o constitucional competente.
El nuevo modelo de financiación de Radiotelevisión Española (RTVE), aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado, impone una tasa a los operadores de telecomunicaciones del 0,9 % de sus ingresos brutos para compensar la pérdida de ingresos procedentes de la publicidad de pago.
La Comisión Europea (CE) denunció a mitades de marzo a España y a Francia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por mantener la tasa a las empresas de telecomunicaciones para financiar los entes públicos de radio y televisión. La CE consideró que estos impuestos "son incompatibles con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones", que disponen que las tasas específicas cobradas a los operadores del sector estén relacionadas directamente con la cobertura de los costes de regular el sector de las telecomunicaciones, según explicó en un comunicado.
Tras esto, el Gobierno sostuvo que el sistema de financiación de RTVE es legal, mientras que las operadoras mantienen que recurrirán la normativa ante el Tribunal Supremo. La previsión de la CMT era obtener unos ingresos de unos 230 millones de euros en concepto de esta tasa en 2010.