El Gobierno quiere iniciar una cruzada contra el empleo sumergido, en parte para mejorar las desastrosas estadísticas de paro, en parte para conseguir recursos presupuestarios como sea con tal de no tener que recortar demasiado el gasto público. En cierto modo tiene razón porque la actividad sumergida vulnera la ley y la ley está para cumplirse, y porque quien trabaja en ella carece de una protección efectiva de sus derechos. Pero el Ejecutivo no debe olvidar que también hay causas que explican estos comportamientos y, si no las ataca, al final puede hacer más daño del que pretende corregir.
Una empresa no acude a la contratación sumergida porque sí, ya que el empresario siempre está más cómodo haciéndolo todo legal y sin tener que exponerse a las sanciones pertinentes en caso de que le descubran. De hecho, en los años en que la economía española fue bien, la economía sumergida se redujo bastante. Pero ahora vivimos tiempos muy inciertos para unas empresas que luchan por su supervivencia. Y para algunas, el único camino para poder seguir adelante es volver a prácticas que creíamos superadas, entre otras razones porque el Gobierno sigue sin acometer las reformas que necesita este país, entre ellas la laboral. Los últimos datos indican que sólo el 1% de los despidos acaban siendo oficialmente por razones objetivas, a pesar de que la reforma laboral que aprobó el Ejecutivo en 2010 debería haber permitido a las empresas en dificultades acogerse a esta figura. Sin embargo, al estar tan mal definidas las causas económicas, la reforma no ha servido para nada, como prueban los datos. ¿Qué hace entonces una empresa que necesita contratar trabajadores pero teme verse ahogada por los elevados costes de despido si luego la cosa va mal? Pues contratar 'en negro'. Y las cosas pueden ir muy mal por muchas razones: falta de crédito porque el disponible se lo llevan las administraciones públicas, subida del coste de las materias primas, excesivo nivel de impuestos y cotizaciones sociales para una economía deprimida...
Con los trabajadores inmersos en actividades sumergidas pasa tres cuartos de lo mismo. Muchos de ellos perdieron el derecho a la prestación por desempleo y la única salida que encuentran es pasar a este ámbito. Y lo mismo sucede para quien todavía disfruta de ella, pero es tan escueta que no le permite cubrir mínimamente las necesidades de su familia, sobre todo si tiene que seguir afrontando el pago de una hipoteca. Para estas personas, por desgracia, la economía sumergida es una posibilidad de supervivencia, en especial en unos tiempos en los que va a tardar mucho en recuperarse los millones de empleos que se han destruido.
El Gobierno, por ello, debería ser sensible a estas cuestiones vitales. Sin empresas no hay empleos, ni legales, ni sumergidos. Sin trabajo, sea 'blanco' o 'negro', muchas familias se ven abocadas a la más absoluta miseria. En consecuencia, lo que debería hacer el Ejecutivo es poner en marcha de una vez por todas las reformas y las políticas que nos permitan salir de esta situación, por muy dolorosas que sean, en lugar de insistir tanto en la persecución de la economía sumergida, porque por muchas razones morales que haya para proceder de esta manera, son más y más poderosas las que incitan a hacer lo que el Gabinete no quiere hacer simplemente por razones ideológicas.