El Gobierno del señor Zapatero, con toda probabilidad el de mayor sequía intelectual, ha creado un nuevo modo de solidaridad, que vendría definida por la "solidaridad con los ricos". Suele ocurrir cuando el vacío que deja el alejamiento de la moral, lo rellenan unos postulados que se convierten en los informadores de la acción de gobierno. Su coherencia y fundamento no son otros que la permanencia en el poder.
No quisiera que se dedujera de mis palabras que los ricos no son acreedores a la solidaridad, pues, al fin y a la postre, son muchos los ricos de nuestros días que carecen de todo menos de dinero, y una acción solidaria de cercanía humana y apoyo espiritual, sería un gesto de caridad que les beneficiaría mucho más de lo que ellos pueden imaginar.
De aquí, la extrañeza del modelo solidario del Gobierno de don José Luis, porque la solidaridad se produce con los ricos pero mediante riqueza, lo cual, además de carencia de inteligencia y de moral, muestra una desfachatez y una ausencia de escrúpulos, suficientes para que la población pidiera su remoción inmediata y el olvido definitivo, salvo para recordar no volver a cometer el mismo error electoral.
Las palabras que anteceden deben ustedes situarlas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que esta misma semana se ha desarrollado bajo la presidencia de la más sonriente vicepresidenta económica del Gobierno español con el conjunto de los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas.
En primer lugar, para que las palabras reflejen los conceptos, habría que cambiar, por pretenciosa, la denominación con la que se identifica la reunión, porque ni es Consejo –nadie aconseja y nadie se deja aconsejar–, ni es Política –pues la política exige principios, cuando es de lo que carece la reunión–, quizá sea Fiscal, pues de ella se deducen maniobras para meter la mano en los bolsillos de los sufridos contribuyentes, y tampoco es Financiera, pues está más que demostrado que no son capaces de administrar correctamente sus cuentas.
Pues bien, allí, una vez más, doña Elena Salgado, tan rotunda con los pobres advirtiéndoles de lo que les espera si no cumplen con todo lo que el Fisco les requiere, se ha plegado, con tolerancia inexplicable salvo por causas espurias, a las exigencias de la Generalidad catalana, en ese camino para eliminar el déficit excesivo que está causando un tsunami en la economía española que, en cifras oficiales, roza ya los cinco millones de parados –prefiero no darles las estimaciones reales para no amargarles un fin de semana largo para muchos–.
Así que ya lo saben las comunidades más pobres: a sacrificar sus propios recursos para que las ricas y desordenadas –algunas se libran de este calificativo– no tengan que restringir sus despilfarros. Es lo que los catalanes, desde siempre y la vicepresidenta desde ahora, califican como hecho diferencial.
¡Ahí lo tienen! los españoles desiguales ante la Ley, y todos tan contentos.