Una de las alternativas que han tomado las administraciones públicas, en su mayoría sobredimensionadas, para atajar la crisis que atraviesan es la convocatoria de un aluvión de expedientes de regulación de empleo (ERE) tras las elecciones autonómicas y municipales que tendrán lugar el próximo 22 de mayo.
Según informó el diario El Mundo este domingo, el motivo principal que ha hecho que se aplacen estos recortes es la inminencia de las elecciones con el objetivo de evitar el aumento del paro. Aunque el Ministerio de Trabajo ha anunciado que se va a oponer a los ERE, son las consejerías de cada autonomía las que tendrán que aprobar su reducción de plantilla y los partidos políticos preparan ya con los sindicatos los expedientes de regulación que afectarán a las miles de empresas públicas creadas por CCAA y ayuntamientos.
Tanto PP como PSOE han reconocido que los ingresos ya no dan más de sí y que hay que "echar números" sobre el "la dimensión del gasto en personal". Los sindicatos, por su parte, consideran que no es posible el despido colectivo o individual por causas objetivas (económicas, organizativas, técnicas o de producción) en las administraciones, y aseguran que el declive de las entidades publicas podría corregirse con los presupuestos siguientes.
La emisión de bonos patrióticos por parte de las CCAA, la deuda oficial de ayuntamientos y autonomías y el exceso de cargos públicos en sus administraciones (por ejemplo, en Mainoma, Badajoz, hay un trabajador municipal por cada 23 vecinos) son las causas de que entidades locales y regionales puedan perder uno de sus privilegios más preciados, poseer un puesto de trabajo intocable.