El martes saltó la sorpresa. El Director del IGAPE (Instituto Gallego de Promoción Económica) y uno de sus subdirectores, así como varios empresarios lucenses, eran detenidos en el marco de la operación "Campeón", coordinada entre la Agencia Tributaria y la jueza Dña. Estela San José, titular del juzgado de Instrucción Nº 3 de Lugo, que junto a Dña. Pilar de Lara Cifuentes, titular del Nº 1, se están convirtiendo en el caballo de Atila de la corrupción en Galicia. Son pocos los jueces y magistrados dedicados a esta causa, pero selectos.
La esencia de la trama ya es bien conocida. Directivos de un organismo público se dedican, presuntamente, a la concesión fraudulenta de subvenciones, en compadreo con un grupo de empresarios, financiando puro humo, y poniendo a buen recaudo los fondos en Andorra para luego repartir como buenos hermanos.
El comentario en los círculos empresariales es el siguiente: "Se veía venir...". Esta actitud, tan gallega, requiere de traducción profunda para los no iniciados en el léxico galaico, y viene a traducirse como "lo sabíamos todos y era cuestión de tiempo que estallara". Y es que, esta operación amenaza con ser la punta de iceberg de algo bastante más sombrío.
El Instituto Gallego de Promoción Económica es uno de los pilares de la Administración gallega en la gestión de políticas para el desarrollo empresarial de la comunidad, desde la concesión de múltiples líneas de ayudas hasta la inversión de capital riesgo, a través de sus participadas Xesgalicia y BIC Galicia. Bien utilizado, es un poderoso motor de promoción de nuevas iniciativas empresariales, apoyo al desarrollo de las existentes, así como de modernización del tejido productivo e internacionalización de la economía gallega.
Pero la realidad ha sido bien diferente, a la vista de la investigación judicial emprendida. Una realidad que se ha venido configurando desde los gobiernos de Fraga, continuado con el bipartito PSOE-BNG de Touriño y Quintana, para recoger el testigo el actual Gobierno autonómico del PP, encabezado por Alberto Núñez Feijóo. Y es que, el IGAPE es una poderosa arma de control político y económico, puesto que supone el canal a través del cual se concede financiación y ayudas públicas al tejido empresarial gallego, una tentación irresistible para hacer amigos, a la vista del caso.
Por si fuera poco, el IGAPE se situó como agente gestor de otras líneas de ayudas procedentes de otros organismos públicos, como el "Plan Ferrol" desarrollado por el Ministerio de Industria, que ha supuesto la gestión en zona del IGAPE de ayudas por más de 50.000.000 de euros, sólo para este año.
Se pueden revisar las líneas de ayudas que el IGAPE gestiona en su página web para comprobar que van desde pequeñas subvenciones para el inicio de negocios, ayudas públicas a la renovación tecnológica, la consultoría especializada, la internacionalización o los grandes proyectos industriales. Una de las características principales de dichas ayudas es que se articulan en préstamos blandos (bajo tipo de interés, carencias y avales combinados), junto con ayudas a fondo perdido en un porcentaje de la inversión.
Una vez solicitada dicha ayuda, y concedida por el IGAPE, la empresa procede a la inversión y justificación de la misma, recibiendo entonces el porcentaje correspondiente. Aquí es donde las cosas se empiezan a complicar, y la realidad muestra su faceta más oscura:
1. Si la empresa tiene mala suerte, o no es "afecta", lo más probable es que se meta en un proceso de cobro de la ayuda que se puede ir perfectamente a más de un año, según las fuentes empresariales consultadas. Esto viene derivado de que, una vez presentada la documentación, el IGAPE tiene por costumbre seguir requiriendo información complementaria cada dos o tres meses, de modo que la materialización de la ayuda nunca llega. En un entorno económico favorable, las empresas, aunque con un cabreo turco, se arman de paciencia y contestan una y otra vez a los requerimientos del funcionario de turno.
Por desgracia, el cambio de ciclo económico pilló con el pie cambiado a muchas empresas, que se han encontrado con proyectos de inversión ya realizados, pero con un agujero de tesorería imposible de salvar. Ante esta situación, el IGAPE no procedió a agilizar dichos procedimientos, sino que ha montado un atasco que afecta a miles de expedientes. Tras la quiebra de muchas empresas en Galicia, el IGAPE podría tener, pues, bastante que ver.
2. Por el contrario, si la empresa es "amiga", normalmente, ya no se verifica nada, según estas mismas fuentes. No es infrecuente justificar ayudas con facturas amañadas, presentar maquinaria "prestada" para la inspección o capturar la ayuda y no realizar actividad ninguna posteriormente, según descubre ahora la investigación.
Muchos polígonos industriales gallegos se desarrollaron al calor amoroso de la Xunta, que se vanagloriaba de su gran contribución a la creación de riqueza (para el bolsillo del empresario afecto, presuntamente) y de empleo. Así, un vistazo a las inversiones arroja una ratio de empleo creado por subvención superior al millón de euros (mucho dinero para tan poco trabajo). Algunos de estos polígonos, como puro humo que son, han devenido en áreas industriales fantasma, derretidas como la mantequilla por la crisis.
3. En la parte del capital riesgo, Xesgalicia y BIC Galicia se ven atrapadas en sociedades ruinosas y proyectos sin futuro alguno, secuestradas por empresarios "afectos" a los distintos partidos, que se sirven de dichos organismos para obtener avales, financiación y subvenciones, neurotizando el dañado tejido empresarial gallego mediante competencia desleal.
Ante el evidente escándalo destapado por la Justicia, la Xunta afirma ahora su plena voluntad para colaborar con la investigación, aunque al mismo tiempo ya se baraja crear la típica "comisión de investigación parlamentaria" (vía clásica para enterrar este tipo de asuntos). Según estas mismas fuentes, ni al PP, ni al PSdeG, ni al BNG le interesaría airear demasiado el particular Mercasevilla gallego en que podría convertirse este caso. Y es que, a primera vista, y en base a la información revelada, el particular chiringuito del IGAPE no difiere mucho de otros casos de corrupción política descubiertos en otras zonas de España.
Por otro lado, más allá del presunto fraude cometido en la concesión de subvenciones, no siempre se tiene en consideración el negativo impacto que estos mismos organismos públicos suelen inferir al tejido empresarial al impulsar proyectos e inversiones que o bien nunca llegan a ser efectivas o bien resultan ruinosas (improductivas).