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Las CCAA gestionan 2.400 empresas públicas

Las autonomías cuadriplican el número de entidades empresariales en la última década, mientras crece la deuda y se resiente el control.

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Las comunidades autónomas acumulan casi 2.400 empresas públicas. Son casi 150 por región y su número da una idea del grado de descontrol que han alcanzado este tipo de entidades, que los gobiernos de todo signo político crean a discreción para cualquier actividad que se les pase por la cabeza (las hay que poseen fincas agrícolas, que gestionan medios de comunicación o incluso que representan orquestas de música clásica).

De esta manera, una parte importante de los presupuestos públicos se destina a estos organismos, que no tienen el mismo grado de control por parte de la intervención pública que los órganismos administrativos puros. Además, sus trabajadores pueden ser contratados de forma casi discrecional, sin seguir los procesos obligatorios para los funcionarios. Y se puede intervenir en numerosos sectores de la economía sin necesidad de una disposición legal. No todas las empresas públicas serán creadas con esta finalidad, pero es evidente que son el caldo de cultivo ideal del clientelismo y la corrupción. Los últimos escándalos en Andalucía son un gran ejemplo de lo fácil que es caer en prácticas irregulares.

No sólo las autonomías han creado empresas públicas. También la administración central y los municipios se han lanzado con fruición a esta tarea en los últimos años. Pero son las regiones las que han perfeccionado el método. Más de la mitad de las más de 4.000 empresas públicas que hay en España dependen de los gobiernos autonómicos. Eran 2.386 en julio de 2010, según datos del Ministerio de Economía, frente a las 1.752 de siete años antes (un incremento del 36%).

Cataluña: la primera de la clase

Y dentro de las autonomías, nadie se ha distinguido más en el curioso arte de crear empresas públicas que los gobiernos catalán y andaluz. De esta manera, cuando el pasado otoño Artur Mas llegó a la presidencia de la Generalidad se encontró con 451 empresas públicas, la cifra más alta de España, que acumulaban una deuda equivalente al 4% del PIB regional. No todas las entidades fueron creadas por el tripartito, puesto que en 2003 Cataluña ya era la región que más empresas públicas tenía, con 347, pero el Gobierno de José Montilla se ha esforzado en mantener esta tendencia, tanto en el número total como en lo que hace referencia a la deuda.

De esta manera, casi una de cada cinco empresas públicas dependientes de las 17 autonomías es catalana. Y el 45% de los 17.000 millones de deuda que acumulan dichas entidades también les corresponde a las entidades que a partir de ahora gestionará Mas. Además, hay un dato curioso (o quizás no tanto): entre enero y junio de 2010 las comunidades crearon 31 empresas públicas. De ellas, 22 fueron ideadas en Cataluña. Es decir, que el tripartito utilizó sus últimos meses en el Gobierno para aumentar aún más, y en nada menos que 22 entidades, su ya extensa colección de entes públicos.

Andalucía: la herencia de Chaves

No mucho mejor es el panorama en Andalucía. Después de tres décadas de control socialista, la segunda región más pobre de España tiene 369 empresas públicas (por comparar, son más del doble de las que posee Madrid).

Ésta será una de las más pesadas herencias que ha dejado Manuel Chaves a su sucesor José Antonio Griñán, y que éste traspasará a Javier Arenas si el popular es capaz de ganar al PSOE en la próxima convocatoria electoral. En estos momentos, el 15% de las empresas públicas españolas es andaluza.

Baleares: la incógnita

Si los casos de Andalucía y Cataluña son escandalosos por las cifras absolutas, lo que ocurre en las Islas Baleares sorprende por su cantidad relativa. Una comunidad pequeña, con una población de poco más de un millón de habitantes y con un PIB equivalente al 4% del total nacional, tiene más empresas públicas que Madrid.

De hecho, es la tercera región con más entes de estas características, tras Cataluña y Andalucía. Y sus 173 entidades acumulan una deuda del 2,6% del PIB regional. En 2003, sólo tenía 111 empresas, con una deuda del 0,3% del PIB, por lo que su crecimiento es el más acusado entre las 17 autonomías en los últimos años.

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