Cada cierto tiempo reaparece en la escena el debate acerca de la legalización de las drogas y los efectos de la actual guerra contra este producto prohibido. El ex presidente del Gobierno Felipe González reavivó dicha discusión recientemente.
De hecho, parece que el debate internacional sobre este asunto acaba de concluir a nivel oficial. "La guerra global contra las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo". Ésta es la primera oración del informe publicado por la Comisión Global de Políticas de Drogas, un panel de 19 miembros que incluye, entre otros, al ex secretario general de la ONU Kofi Annan, a los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo (México) y César Gaviria (Colombia) y al ex secretario general de la OTAN Javier Solana.
Sin embargo, más allá de las modas del momento e independientemente de que algún líder conocido hable o no del tema, lo cierto es que el asunto es realmente grave y delicado. Aunque los medios de comunicación españoles apenas se hagan eco, abundan las trágicas noticias que hacen referencia a muertos inocentes por la acción de los cárteles más poderosos de la droga. Países como México y Colombia, o incluso Guatemala, sufren casi a diario las consecuencias de esta violencia.
En este último país la violencia se ha desatado en los últimos años. Recientemente, una organización criminal mexicana que busca ganar control en el comercio de la droga en Guatemala perpetró una masacre en la granja de Los Cocos, asesinando a 27 personas. Días más tarde, un oficial dedicado a investigar a esta banda fue secuestrado y asesinado por sus miembros. Estos dos hechos son, sin embargo, simples gotas en un océano de sangre y violencia.
En este escenario, economistas de gran prestigio como los premios Nobel Milton Friedman o Gary Becker han propuesto la legalización, y acabar con la llamada "guerra contra las drogas", como vía para poner fin a la salvaje violencia de los narcotraficantes internacionales.
Robert Higgs, economista del Independent Institute, tuvo ocasión de empaparse de las preocupaciones de los guatemaltecos a raíz de la reciente oleada de violencia con motivo de su viaje a la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Por ello, y por sus escritos sobre la materia, Libre Mercado entrevista a Higgs para conocer su opinión respecto a la guerra contra las drogas, sus consecuencias y soluciones.
Pregunta (P): ¿En qué consiste exactamente la guerra contra las drogas en EEUU? ¿Cuándo surgió?
Respuesta (R): Muchos gobiernos estatales y locales de Estados Unidos adoptaron la prohibición y distintas restricciones al comercio de bebidas alcohólicas y tabaco a finales del siglo XIX. Más tarde, en 1919, el movimiento anti-alcohol tuvo éxito al conseguir la prohibición de la producción y comercio de bebidas alcohólicas por el Congreso con la decimoctava enmienda a la Constitución americana.
La legislación resultante, la Ley Volstead (Ley Seca), estuvo operativa desde 1920 a 1933, período en el que los mercados negros, las bandas criminales y los crímenes violentos aumentaron con intensidad. Cuando la prohibición nacional se eliminó en 1933 la tasa de criminalidad cayó sustancialmente. La mayoría de americanos desde entonces ha coincidido en que la prohibición fue una política desastrosa.
Con todo, empezando en la década de 1960, y en respuesta a las "desviaciones sociales" relacionadas con los movimientos contraculturales y antiguerra de la época, se incrementaron los esfuerzos para imponer leyes contra la elaboración y el comercio de determinadas drogas. De nuevo, los mercados negros, con su violencia asociada, aumentaron fuertemente a medida que las autoridades intentaron eliminar del mercado productos que eran demandados por decenas de millones de norteamericanos.
El Gobierno estadounidense presionó a otros gobiernos nacionales para unirse en su guerra contra las drogas, y pronto esta guerra se convirtió en un fenómeno de alcance global. Cárteles internacionales poderosos aparecieron para controlar el comercio de la droga, y muchos funcionarios del Gobierno se corrompieron como resultado, tanto en los Estados Unidos como en otros países. Con cantidades tan enormes de dinero en juego, esta corrupción era inevitable. Países como Colombia y México se convirtieron en el escenario de guerras entre los cárteles y las fuerzas gubernamentales por el control del comercio de la droga.
P: Aparte de lo que ha señalado, ¿cuáles son las otras consecuencias de esta guerra para los ciudadanos?
R: Las consecuencias incluyen costes tremendos para los contribuyentes en forma de gastos gubernamentales de policía y otro tipo de personal dedicado a hacer cumplir estas leyes; gran aumento de las tasas del crimen violento; y pérdidas sustanciales de libertades, dado que las autoridades han violado el derecho a la privacidad de la gente y confiscado propiedades privadas.
La tensión social y el conflicto también se han incrementado porque importantes grupos de población no están de acuerdo con la moralidad y sabiduría de la guerra contra las drogas. En Colombia y México, decenas de miles de personas han muerto por esta guerra.
P: ¿Existe alguna relación entre los gobernantes y los grandes carteles de la droga? ¿Hay intereses ocultos en toda esta trama?
R: Los políticos estadounidenses apoyan generalmente la guerra contra las drogas debido a que ganan los votos de aquéllos que están a favor, pero no tienen por qué perder los votos de quienes se oponen a ella. La gente en la izquierda, por ejemplo, no es probable que vote a un candidato republicano, incluso si el candidato demócrata defiende esta guerra, a la que se oponen muchos en la izquierda.
Por otro lado, numerosos políticos y oficiales policiales reciben sobornos monetarios y otras recompensas de los traficantes. En algunos países, los cárteles de la droga han penetrado en todos los niveles del Gobierno, desde el más bajo al más alto.
P: ¿Cuál sería la solución para acabar con todo el crimen asociado al mundo de la droga? Se habla de legalizar su uso, ¿sería eso efectivo?
R: Dado que las personas involucradas en el comercio de las drogas ilegales no pueden, obviamente, resolver las disputas en el sistema legal, las resuelven de forma violenta entre ellos mismos.
Estos conflictos tienen efectos sobre terceras partes inocentes que poco tienen que ver en esto, quienes sufren en diversas formas: algunos mueren en fuego cruzado; otros mueren como consecuencia de redadas de la policía en lugares equivocados; algunos niños sufren porque sus padres están encarcelados por estar metidos en el comercio de la droga y su violencia relacionada; otras personas pierden valiosas propiedades debido a robos relacionado con la resolución de disputas.
En cambio, si las drogas no fueran ilegales serían fabricadas y vendidas como bienes normales; con un riesgo menor para sobrellevar el negocio, los costes de producción y los precios del producto serían menores. El número de usuarios podría incrementar, pero es improbable que lo hiciera en gran número, dado que actualmente casi todo el mundo que desea utilizar sustancias ilegales consigue hacerlo, a pesar de los altos costes y riesgos.
Por supuesto, la mayoría de gente no tendría interés en consumir marihuana, cocaína y heroína, aunque estos productos fueran legales. Cuando la Prohibición acabó en 1933, la tasa de crímenes violentos cayó considerablemente; lo mismo ocurriría ahora si las drogas ilegales fueran legalizadas.
P: ¿Qué posibilidades hay de que la administración Obama o las siguientes aprendan de sus errores y reviertan estas políticas?
R: Para los gobiernos que las han adoptado, estas políticas no son errores. Las adoptaron porque percibieron que así servirían sus propios intereses ampliando sus presupuestos, personal y poder. La experiencia ha mostrado que su valoración era correcta: los gobiernos que han perseguido la guerra contra las drogas han atraído más dinero (a través de canales tanto legales como corruptos), más personal, y mayores poderes.
Ellos no tienen ninguna razón para lamentar la adopción de estas políticas; tan sólo el público general ha sufrido, y lo cierto es que los gobiernos tienen poco o ningún interés auténtico en el bienestar de la gente. Mientras los gobiernos puedan continuar con estas medidas sin fuertes resistencias y oposición, simplemente, las seguirán manteniendo.
La mayoría de ciudadanos seguirán sufriendo sus nefastos efectos; muchos sufrirán encarcelamiento; y otros muchos morirán. Estas terribles consecuancias no son mera especulación, se producirán con certeza (tal y como viene ocurriendo desde hace décadas).