La reforma de la negociación colectiva no cambia nada de forma sustancial y por ello, con 5 millones de parados en España, ha de verse como otra gran ocasión perdida. No se relacionan los salarios con la productividad, ni se hace frente al absentismo. La flexibilidad interna ganada es mínima, las pymes (donde se concentra la mayor parte del empleo en nuestro país) sin representación sindical seguirán rigiéndose por los convenios sectoriales o provinciales... no hay reforma para ellas. Para las demás, aún cuando fuesen capaces de lograr un convenio de empresa, éste sólo sería aplicable si no es denunciado por el convenio del sector. En definitiva, se ha perdido tiempo en la negociación y la reforma que por fin ha presentado el Gobierno no ayuda a reducir la abultada tasa de paro.
Bruselas había pedido que se centrara la cuestión en la reducción de las cotizaciones sociales para abaratar la contratación. Para evitar mayor deterioro del déficit público, también pedía un incremento proporcional en el IVA, lográndose así una devaluación interna (sin devaluaciones de cambio) pero ganando en competitividad.
Acierta Salgado cuando dice que un incremento del IVA sería un error, pues golpearía al maltrecho consumidor, tal y como tuvo ocasión de constatar hace un año. Pero no analiza un recorte de las cotizaciones (que aumentaría el número de empleos y por tanto de cotizantes) junto con un recorte proporcional o más que proporcional del gasto público. Pues esta medida sí que serviría para estimular el empleo y, a su vez, reduciría el déficit. Esta devaluación interna sería oportuna, pero nuestro Gobierno ni la considera.
También tiene razón Bruselas al preocuparse por los déficits públicos de las comunidades autónomas. Nuestro Gobierno insiste en que el principio de autonomía imposibilita un control eficaz. Pero nuestra Constitución le otorga suficientes poderes para ejercer de coordinador y supervisor general, inter alia, en materia fiscal y financiera.
Rosa Díez de UPyD presentó el pasado 7 de junio una interesante proposición no de ley sobre la creación del "Semestre Español", idéntico en espíritu al "Semestre Europeo", que consiste en un ciclo de coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros de seis meses de duración y cuya finalidad es garantizar la estabilidad fiscal y financiera del conjunto de la Unión, es decir de los Estados soberanos, y evitar así posibles incoherencias y desequilibrios. Si se aplicase la propuesta de UPyD y con decidida voluntad el Gobierno ejerciese las facultades que brinda nuestra Constitución, el riesgo de España sería mucho menor que el actual.