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Las CCAA crean 228 empresas públicas a pesar de la crisis

Las comunidades autónomas han creado cerca 228 organismos durante la crisis. Muchos son desconocidos por la administración central.

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La duplicidad del coste por la descentralización de las competencias autonómicas ha incentivado (pese a la crisis económica) tanto a comunidades autónomas como a fundaciones y ayuntamientos a disparar la creación de nuevas empresas públicas.

Los datos del Misterio de Economía demuestran que el objetivo de reducir el déficit autonómico se ha quedado sólo en una intención. Según informa el diario Cinco Días, desde el año 2007 las comunidades autónomas han creado la friolera de 228 entes públicos. Sólo en el año 2010 se invirtió esta tendencia cuando en el segundo semestre se establecieron 22 organismos y se suprimieron 42, lo que supone una disminución neta de 20 empresas, pero aún así el balance de las cuentas públicas sigue siendo negativo.

Las CCAA tienen actualmente a su cargo 2.400 empresas públicas, cifra que se ha multiplicado por cuatro en esta última década, tal y como ya avanzó Libre Mercado.

Es Cataluña la comunidad autónoma que gestiona el mayor número de organismos públicos en España. De hecho en los dos últimos años, la cifra de empresas que dependen del Gobierno catalán ha pasado de 269 a 451, de esta forma, casi una de cada cinco empresas públicas dependientes de las 17 autonomías es catalana. Respecto a la deuda que acumulan estos organismos la Generalidad también obtiene el dato más alto, de los 17.000 millones del total de la deuda de las empresas públicas el 45% corresponde a Cataluña.

No solo las comunidades autónomas engordan los presupuestos creando más empresas, los ayuntamientos también siguen su ejemplo y actualmente sitúan en 2.388 los entes públicos que tienen bajo su gestión.

Hay que tener en cuenta que la aparición estas nuevas empresas ha engordado aún más el número de funcionarios dependientes de las administraciones. Actualmente, el 50,3% de los empleados públicos están contratados por las comunidades (1,8 millones) frente el 22,2% del Estado central, lo que supone un coste anual de 60.000 millones de euros, según informa el Economista.

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