El mayor error cometido por los políticos españoles en los últimos quinientos años ha sido, sin duda, la creación del Estado autonómico. Sin ningún precedente conocido en la historia de los procesos constitucionales, los trujamanes de la transición endilgaron a los españoles un aborto jurídico-político ante el que no tienen derecho a la disculpa, porque todos ellos, gente con experiencia acreditada, sabían de sobra la desgracia que hacían recaer en sus compatriotas con el Título VIII de la Nicolasa.
El Estado autonómico, que la casta política, con el Rey a la cabeza, sigue defendiendo como la mayor conquista de nuestra democracia, ha servido para exacerbar los delirios separatistas de las regiones con presencia de partidos nacionalistas, para provocar enfrentamientos entre regiones limítrofes, para fraccionar un mercado ya de por sí pequeño convirtiéndolo en una maraña de regulaciones que ahuyenta al inversor extranjero y para multiplicar por varios factores el gasto público que hemos de soportar los contribuyentes actuales y las dos generaciones siguientes como mínimo. Si este es el éxito del que todos debemos felicitarnos, qué considerará la casta gobernante un fracaso colectivo.
Convertidas en corralitos al servicio de los políticos periféricos más desvergonzados, ni siquiera tienen suficiente con los recursos que se les entrega anualmente gracias al esfuerzo de todos los españoles. No les basta. Por eso necesitan pedir prestado en nuestro nombre una cantidad monstruosa de dinero al exterior, que en estos momentos ya supone casi el 12 por ciento de la riqueza nacional.
121.420 millones de euros deben las autonomías de los cuales casi 35.000 millones corresponden a la comunidad catalana, que a pesar de la exclusividad tribal de que hace gala su clase dirigente no van a ser devueltos por los ciudadanos de tan noble región sino por todos los españoles que, además, hemos de soportar los insultos de los Carod de turno. Nos vacían el bolsillo, piden prestado a cargo de todos los españoles un dineral para colocar a los hermanos tontitos y al resto de la esquerrada y no sólo no están contentos sino que acusan a los que financiamos sus francachelas de oprimirlos una barbaridad. Desde luego porque ellos quieren, porque resulta dudoso que el día que declaren la independencia del estat catalá desde la plaza de San Jaime las lágrimas del resto de España lleguen a formar ni un riachuelo. Qué pena que les falten huevos para dar ese paso.
No hay autonomía que se salve del desastre financiero, pues todas en mayor o menor medida son máquinas de consumir la riqueza privada que tanto esfuerzo nos cuesta producir a los ciudadanos, convertidos en víctimas de un sistema territorial inasumible. Hay que acabar con todas ellas y enviar a los políticos autonómicos al paro, no sólo por dignidad nacional, que ya sería motivo de peso, sino por una mera cuestión de supervivencia. La de nuestros hijos.