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¿Qué pasaría si España no firma el Pacto del Euro?

Las protestas contra los "recortes sociales" no plantean una alternativa a la crisis de deuda pública que viven los países del sur de la UE.

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La izquierda europea ya tiene un gran enemigo al que culpar de todos los males que rodean a la sociedad: el Pacto del Euro. En los últimos días, los indignados han centrado en este acuerdo todas sus protestas y le han acusado de buscar el desmantelamiento del Estado social europeo. Este acuerdo, firmado el pasado marzo por los líderes europeos, persigue coordinar las políticas económicas de los países de la eurozona. Hay numerosos aspectos por los que podría cuestionarse su contenido, pero los ataques que se han conocido en los últimos días son de lo más curiosos.

¿Qué es el Pacto del Euro?

Los líderes de la UE se reunieron en marzo para tratar de evitar el colapso que se cernía sobre la eurozona. Grecia, Irlanda ya habían sido rescatadas y Portugal estaba a punto de pedir la ayuda de los socios de la UE. El problema es que los países ricos (Alemania y los nórdicos fundamentalmente) cada vez estaban menos dispuestos a seguir prestando dinero de sus contribuyentes a sus socios del sur de Europa sin ver ninguna contraprestación a cambio.

De esta incertidumbre nació el Pacto del Euro: es algo así como una transacción que dice "nosotros (Alemania, Francia, Finlandia, Dinamarca) te prestamos dinero a cambio de que tú (Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia,...) hagas las reformas estructurales necesarias para pagarnos en el futuro".

Este nuevo acuerdo surge como sustituto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Cuando nació el euro los estados que adoptaron esta divisa pactaron coordinar su política económica para asegurar el buen estado de la moneda común. El acuerdo era no rebasar el 3% del PIB de déficit público cada año y el 60% del PIB de deuda pública en total. El problema es que desde el principio esos límites no se cumplieron -Alemania y Francia fueron los primeros en saltarse a la torera este Pacto- y los estados no pagaron las multas correspondientes.

De hecho, como se ve ahora mismo, el PEC no sirvió ni para controlar la crisis, ni para evitar el colapso de Grecia, Irlanda o Portugal. Por eso, hace unos meses se decidió crear un nuevo Pacto de Competitividad, que fuera más allá de un control genérico de las cuentas públicas y que coordinase también cuestiones como la edad de las pensiones, el mercado laboral o la fiscalidad.

¿Qué se acordó en marzo?

En realidad, el Pacto del Euro nace de la falta de un acuerdo, aunque parezca una contradicción. Así, Alemania quería establecer compromisos fijos y que se multase a aquellos países que no quisieran acogerse a los mismos -algo así como "el que se pase del 3% de déficit paga una multa"-. Mientras, otros países como Francia pedían unas condiciones más laxas. Al final, triunfó esta última posición.

Lo que se firmó fue la asunción de una serie de "compromisos comunes" que se revisarían cada año. Los países de la UE se obligaban a presentar propuestas para avanzar en una serie de cuestiones: competitividad, empleo, finanzas públicas, estabilidad financiera, control del déficit. Luego, cada doce meses, se revisaría en conjunto entre todos los socios cómo se estaban desarrollando estas iniciativas y si cumplían sus objetivos. Es decir, el Pacto por el Euro, en realidad, no obliga a nada en concreto sino a avanzar en una serie de objetivos genéricos. Y son el resto de socios que han firmado el acuerdo los que juzgan si un país está avanzando o no en la senda prevista.

¿Impone "recortes sociales"?

Los "recortes sociales" contra los que protestan los indignados en Atenas o Madrid no los establece el Pacto del Euro, ni el FMI, ni el BCE, ni siquiera los banco europeos, sino la realidad y los derroches anteriores de los gobiernos griego, español o portugués.

Cuando se dice que "la UE obliga a Grecia a rebajar las pensiones, despedir funcionarios o acometer privatizaciones" se olvida una cuestión evidente: el Gobierno heleno puede negarse. Sólo tiene que salir al mercado y encontrar financiadores que quieran seguir prestándole dinero. Habría que preguntar a todos los indignados que el domingo se solidarizaban en Madrid con el pueblo heleno cuántos de ellos han comprado deuda pública de ese país.

El problema es que nadie quiere prestar dinero a Atenas porque es muy poco probable que lo devuelva. Sólo los países de la UE están dispuestos a enviarle fondos, porque temen que su caída arrastre al euro. Eso sí, ha llegado un momento en que los contribuyentes de estos países se han hartado de meter su dinero en un pozo sin fondo. Por eso, ahora lo que se le dice a Grecia (y a Irlanda, Portugal,...) es "si quieres que te salvemos, comprométete a reducir el gasto público y aumentar los ingresos, para que tengamos alguna posibilidad de cobrar al menos una parte de lo que te damos".

Las opciones de España

España podría intentar no hacer caso del Pacto del Euro y mantener el mismo nivel de gasto público. Entonces, se abrirían dos opciones: la primera (poco probable) es que consiguiese financiación de los mercados y pudiese diferir el pago de la deuda, esperando que una futura recuperación económica le sirviese para aumentar los ingresos fiscales y equilibrar las cuentas públicas. Claro que viendo la prima de riesgo en máximos no parece sencillo que lograse convencer a los inversores de que éste era el camino correcto.

En el supuesto de que no encontrase a nadie dispuesto a financiar su deuda y mantuviese su actual nivel de gasto (como piden los indignados) entraría probablemente en bancarrota. Hay que recordar que el déficit del año pasado fue superior al 9%. Esto quiere decir que el Estado español gastó mucho más de lo que recaudó. Por lo tanto, sin financiación externa no podría continuar por esta senda. Y en los mercados parece haber cada vez menos agentes dispuestos a prestarle dinero.

¿Qué pasaría en el caso de una quiebra sin el respaldo del resto de la eurozona? Muy sencillo, el Estado no podría hacer frente a sus obligaciones y sólo dispondría de lo que cobrase con sus impuestos para financiarse. No es difícil imaginar que los recortes serían muchísimo más fuertes que los ya anunciados. Además, los mercados internacionales se cerrarían. Argentina vivió un proceso similar a comienzos de siglo y le costó casi una década empezar a recuperarse.

¿Qué propone el Pacto del Euro?

En realidad, todavía se está negociando el texto que será aprobado. Sin embargo, las líneas generales ya se conocen, aunque no se esperan medidas concretas sino genéricas referencias a un camino a seguir.

En el mercado laboral se apuesta por avanzar en "el fomento de la competitividad" por medio de la "flexiseguridad" (es decir, abaratar el despido para la empresa sin que esto suponga la desprotección del trabajador). Por otro lado, se pide "contribuir a la sostenibilidad con reformas de los sistemas de pensiones y de protección social" (lo que se traduce en reducir las pensiones públicas, pero no tocar el sistema de reparto actual). Y también es muy importante la parte de lucha por la "estabilidad financiera y control del déficit" para evitar problemas en el futuro como el que ahora afecta a Grecia.

¿Ultraliberal?

Cualquier cambio en el status quo es denunciado rápidamente como "ultraliberal" o como una imposición de la "dictadura de los mercados". Que un pacto, cocinado entre 17 jefes de gobierno, que no toca ninguno de los grandes sistemas estatales y que pide subidas de impuestos se denomine como "ultraliberal" sólo es una muestra de la confusión que existe en las calles europeas.

Evidentemente, Grecia, Portugal o España tendrán que reducir su gasto público, y eso tendrá consecuencias dolorosas en sectores de la población como funcionarios o pensionistas. Pero esto no es fruto del mercado, sino del derroche de sus gobiernos: es imposible para cualquier agente económico (familia, empresa o administración pública) gastar siempre más de lo que se ingresa, en algún momento hay que devolver lo que se pide prestado.

En realidad, el Pacto del Euro intenta mantener todas las instituciones en las que se ha basado la economía del Viejo Continente en los últimos años (y que han hecho que crezca muy por debajo de otros países ricos). Incluye algunos aspectos positivos de control del gasto de los gobiernos, como medio para evitar futuras crisis de deuda pública, pero sin tocar algunos aspectos esenciales del intervencionismo estatal europeo.

De esta manera, no pide un cambio paulatino de un sistema de reparto de pensiones a uno de capitalización; obliga a los contribuyentes de los países del norte a pagar con sus impuestos los dispendios de los sureños (en vez de permitir que éstos negocien con sus acreedores); pretende aplicar subidas de impuestos, puesto que cuando se habla de homogeneización fiscal se piensa en unificarlos hacia arriba, no hacia abajo (incluso se intentó obligar a Irlanda a aceptar un incremento en su Impuesto de Sociedades, aunque finalmente no se logró); y no dice nada acerca de prohibir directamente regulaciones tan obsoletas como la del mercado laboral español. Vamos, que de liberalización, más bien poco.

¿Qué piden los indignados?

A pesar de todo lo dicho anteriormente, los indignados siguen reclamando que se rechace el Pacto del Euro por los recortes que plantea y por su falta de contenido social. Lo que no explican es la alternativa. Si Grecia, Portugal o España no acometen las reformas que les exigen, el año que viene seguirán con un fuerte déficit público que aumentará su deuda total... y en el siguiente ejercicio pasará lo mismo, y al otro, y al otro... En algún momento, estos países tendrán que gasar menos. A no ser que convenzan a Alemania de pagar sine die sus números rojos (algo que no parece muy probable). Es muy fácil salir a las calles de Atenas o de Madrid a clamar contra la "dictadura del mercado" que obliga a "recortes sociales". Pero es difícil ver qué tiene que ver el "mercado" con que el Gobierno heleno, luso o hispano haya gastado mucho más de lo que ha recaudado y que ahora, aquellos que les van a prestar dinero quieran recuperar su inversión.

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