El vicepresidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha mostrado partidario de una transformación de las diputaciones provinciales en vez de su supresión. Pretende obtener mayor eficiencia redefiniendo su papel, que consiste sobre todo en prestar servicios a los municipios más pequeños que por sí mismos no pueden hacerlo. Luego, pretende que sean más eficientes, pero no explica cómo.
En principio, su visión suena bien pues es notorio que hay que introducir mayor eficiencia en el gasto público de todas las AAPP incluyendo, cómo no, a las diputaciones. Sin embargo, una simple transformación de las diputaciones no resuelve el problema de base que se traduce en un exceso de municipios pequeños en el país. Este tamaño excesivamente pequeño de los municipios en España propicia un exceso de alcaldías y órganos de gobierno local, obligando a las diputaciones y a las comunidades autónomas uniprovinciales a realizar pingües gastos para cubrir los servicios mínimos de sus residentes.
Para que puedan prestar sus servicios, las diputaciones cumplen la finalidad principal de ayudar a los municipios más pequeños a prestar los servicios mínimos fijados en la ley, bien directamente o mediante el apoyo a las mancomunidades de municipios. Pero la estructura de las diputaciones tiene su origen en el siglo XIX y no se ha adaptado a la existencia del Estado de las Autonomías y a su distribución competencial. Por lo tanto, al problema básico de un exceso de municipios pequeños en el país se la añade el que las diputaciones realizan muchas funciones duplicadas con las comunidades autónomas.
Con 8.112 municipios en España, y más de 7.727 con poblaciones de 20.000 o menos habitantes, el problema fundamental es el exceso de municipios con estructuras duplicadas o innecesarias (alcaldías, concejalías, empresas y fundaciones redundantes, coches oficiales, dietas, representaciones en la capital provincial, etc.). En los informes elaborados por UPyD, se ha demostrado que si se llegase a agrupar los municipios, dotándoles de los mismos recursos que un municipio de población de 20.000 habitantes, pero prescindiendo de estructuras duplicadas, se generaría un ahorro potencial muy importante de aproximadamente 16.000 millones de euros. Lógicamente, en este supuesto no solo hay que transformar las diputaciones sino además hay que suprimir muchas de ellas también.