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Manuel Fernández Ordóñez

¿Y el ATC para cuándo, señor ministro?

Cada día que pasa tenemos que pagarle a Francia 60.000 euros por la custodia de esos residuos.

Manuel Fernández Ordóñez
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Las centrales nucleares son capaces de generar una gran cantidad de energía mediante las reacciones de fisión que tienen lugar en el combustible nuclear. Cuando ese combustible agota su capacidad de producir energía, es cambiado por combustible fresco, almacenándose el gastado en la propia central nuclear. Por razones políticas que no vienen al caso, a principios de los años 80, en España se decidió no reciclar el combustible gastado como hacen en otros países, optando por una estrategia conocida como "ciclo abierto": el combustible nuclear se utiliza una sola vez y luego se considera un residuo.

En nuestro país han operado, a lo largo de los últimos 43 años, diez reactores nucleares, ocho de los cuales siguen actualmente produciendo electricidad. Si nada cambia, en 2028 se cerrará la central manchega de Trillo y, para ese entonces, se habrán generado unas 6.700 toneladas de combustible gastado que necesitarán ser gestionadas. La gestión de ese combustible se reserva a la titularidad del Estado, en virtud del artículo 128.2 de la Constitución Española que debe, por tanto, hacerse cargo de él. Ahora bien, que deba gestionarlo no implica que deba pagar dicha gestión. De hecho, son las propias centrales nucleares las que están pagando y pagarán la cuantía necesaria para ello, según establece la Ley 11/2009.

¿Y qué va a hacer España con ese combustible? En diciembre de 2004 todos los grupos parlamentarios le exigieron al Gobierno, por unanimidad, la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para guardar el combustible gastado de todas las centrales nucleares de España. De este modo, los residuos radiactivos de alta actividad estarían en un sitio unificado durante unas decenas de años hasta que se tome la decisión final de qué hacer con ellos. Y en ese momento empezó uno de los espectáculos políticos más lamentables que se recuerdan. Todos los grupos parlamentarios votaron a favor de construir un ATC pero ninguno de ellos lo quería en sus comunidades autónomas.

Hasta diciembre de 2009, no se hizo absolutamente nada en lo referente al tema del ATC. Esta política de desgobierno cristalizó finalmente en una convocatoria pública de la Secretaría de Estado de Energía para la selección de municipios candidatos a albergar el ATC. Es decir, los ayuntamientos se presentaban voluntarios a la carrera por obtener el almacén de combustible gastado que supondría un enorme impulso (o la salvación) de sus economías. El resto ya se lo imaginan: alcaldes que quieren el almacén y comunidades autónomas que no lo quieren. Alcaldes que desafían la disciplina del partido y presidentes autonómicos que pierden los papeles. Diputados que defienden una cosa en Madrid y lo contrario en su comunidad autónoma. El esperpento español, en una palabra.

La comisión técnica encargada de designar el emplazamiento idóneo para albergar el ATC hizo pública su decisión el pasado septiembre, colocando al municipio valenciano de Zarra en primer lugar, siendo su competidor más cercano el municipio catalán de Ascó. Mucha gente vio esto como una maniobra política de Sebastián de cara a las elecciones municipales y autonómicas, endosándole el problema a Camps y salvando al PSC de Montilla de la crispación social asociada al almacén. Sin embargo, en el Consejo de Ministros de ese mismo día, la vicepresidenta De la Vega ninguneó de una forma humillante a Sebastián, pasándose por el arco del triunfo los resultados de la comisión interministerial y aplazando la elección de Zarra como emplazamiento para el ATC.

Esta actuación, lo suficientemente denigrante en sí misma, se vio aún más agravada por el hecho de que, antes de entrar en el Consejo de Ministros, Sebastián había llamado personalmente a Barreda y Montilla para decirles que estuvieran tranquilos, que el ATC no se haría ni en Castilla-La Mancha ni en Cataluña. Pero el hombre de las bombillas de bajo consumo no cayó en la cuenta de que la vicepresidenta era también diputada por Valencia y la decisión podría tener un precio electoral.

Y con esas ha pasado casi un año sin que nadie en el Gobierno mueva un dedo ni se haya designado aún el emplazamiento para el ATC. La cosa no sería más que un espectáculo público deplorable si no fuera porque, una vez más, somos los sufridos ciudadanos españoles los que estamos perdiendo dinero. Una parte de los residuos nucleares españoles se encuentra almacenada en Francia con el compromiso de haberlos recogido antes del 31 de diciembre del año pasado. Para repatriar esos residuos necesitábamos haber tenido un ATC operativo mientras que el Gobierno, sin embargo, aún no ha decidido siquiera dónde lo va a construir.

Y todo esto tiene un precio. Cada día que pasa tenemos que pagarle a Francia 60.000 euros por la custodia de esos residuos. Desde 2004 llevan mareando la perdiz sabiendo que ese día llegaría, aún así la ambición política no conoce límites de ninguna clase y la dejación de funciones por intereses electoralistas ni siquiera les produce sonrojo. Todavía tardarán unos años en construir el ATC y, hasta entonces, pagaremos 60.000 diarios a nuestros vecinos franceses. Preparen las carteras, tiraremos un montón de millones de euros a la basura. Total, como sobran...

El sr. Fernández Ordóñez es doctor en física nuclear.

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